México, DF.- En un caso derivado de las pesquisas sobre la fallida investigación Rápido y Furioso, un reporte del Departamento de Justicia consignó que agentes y fiscales federales permitieron el contrabando a México de partes de granadas para su posible uso por narcotraficantes mexicanos.
Un reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadunidense afirmó que agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF) y fiscales federales en Arizona “pusieron en peligro” la seguridad pública, informó el sitio online de Excélsior.
Según el informe, al investigar la fracasada operación Rápido y Furioso la Oficina del Inspector General se enteró de que la ATF había permitido que Jean Baptiste Kingery, un sospechoso de contrabando, comprase partes de granadas.
La oficina del ATF en Phoenix fue la misma que autorizó la operación Rápido y Furioso, en la que se permitió la venta legal de armas a elementos considerados como “compradores de paja”, con la esperanza de seguir su rastro hasta los cárteles mexicanos de la droga.
Fuente: Excélsior
