México, DF.- Para inhibir los asaltos en los que se despoja a transeúntes de teléfonos celulares para luego venderlos en el mercado negro la diputada Carla Alicia Padilla propuso cárcel para quien adquiera, utilice, ofrezca o porte dispositivos robados.
La legisladora comentó que muchos de esos actos ilícitos se cometen con violencia y las víctimas son menores de edad quienes, incluso, “son acribillados al intentar defender su patrimonio”.
Indicó que ante esa problemática impulsa reformas al Código Penal Federal para castigar con entre dos años y seis años de cárcel y hasta con mil días de salario mínimo de multa a quien adquiera, utilice, ofrezca o porte cualquier equipo de telefonía móvil robado.
Se propone, abundó, tipificar como delito falsificar, clonar o modificar la Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI, por sus siglas inglés) y castigar esas conductas con entre seis meses y dos años de cárcel y multas de entre 300 y tres mil días de salario mínimo.
Padilla Ramos expuso que en los últimos años se ha incrementado el robo de teléfonos inteligentes, conocidos como Smartphone, para su venta en el mercado negro o bien para su uso en secuestros y extorsiones, entre otras actividades ilícitas.
Esos equipos poseen un número IMEI pregrabado, que identifica al aparato y permite la interconexión a la red, que puede ser modificado para que el equipo quede liberado y se pueda operar.
De acuerdo con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) los equipos de comunicación móvil robados son trasladados vía aérea y terrestre a Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Brasil y México para modificar ese número, lo que genera ganancias de hasta 550 mil dólares diarios.
La representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mencionó que al menos 50 por ciento de los asaltos a transeúntes en el Distrito Federal durante 2011 fue para despojarlos de su celular, por la facilidad para asignar nuevos números a través de los chips.
Ante el aumento de los asaltos con ese fin, las empresas telefónicas y el gobierno federal firmaron un acuerdo en 2012 para obligar a operadores telefónicos a inhabilitar celulares reportados como perdidos o robados, a través del bloqueo de IMEI.
“Sin embargo, no ha logrado el objetivo de inhibir el robo, pues existen herramientas tecnológicas que permiten falsificar, clonar o modificar fácilmente este código permitiendo su uso nuevamente”.
Señaló que “el delincuente adquiere dinero fácil y rápido después de consumar un delito que no se encuentra tipificado”.
De ahí que también se plantea reformar el Código Penal Federal para plasmar como delito no grave la falsificación, clonación o modificación del IMEI.
