La Presidencia de la República interpuso cuatro controversias constitucionales contra los poderes ejecutivos y legislativos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el incumplimiento y violación de la reforma educativa.
La reforma forzó a las entidades a ajustar sus normas a los cambios a la Constitución, entre los que se incluyó que los profesores deberán ser evaluados para obtener una plaza y examinados periódicamente para mantenerse en el cargo.
La SCJN, no tiene un plazo límite para resolver cada caso, si falla a favor del gobierno federal, los estados se verían obligados a modificar sus leyes, y si opta por respaldarlos, podrían dejarlas como están en la actualidad.
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