Guatemala.- La fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) identificaron a dos empresas mexicanas —la farmacéutica Droguería Pisa y la energética Z Gas Centroamericana— que presuntamente participaron en las millonarias redes de tráfico de influencias detectadas en los últimos tres meses en la institucionalidad estatal de ese país, se supo ayer.
La Fiscalía y la CICIG revelaron en mayo que Pisa habría aceptado pagar sobornos para ganar un contrato con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El jueves anterior, denunciaron que el “representante legal” de Z Gas entregó una “dádiva económica” para una millonaria rebaja en una póliza que debía pagar en dólares y se pasó a quetzales, la moneda guatemalteca.
Pisa Internacional, de México, y que opera en América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa, nunca respondió las consultas de este diario. Ninguna autoridad de Z Gas, parte de una operación centroamericana del Grupo Zeta, de México, pudo ser contactada por este periódico.
Guatemala enfrenta una conmoción institucional desde abril, cuando la fiscalía y la CICIG iniciaron las revelaciones de corrupción política que tienen arrinconado al presidente Otto Pérez Molina e incluyen las que denunciaron en mayo en la seguridad social y en junio en la policía.
Contrato. Tres guatemaltecos —dos directivos y un empleado de la Droguería— están presos desde mayo por cohecho activo, dos por asociación ilícita y uno por tráfico de influencias. Se les acusa, junto a 15 jerarcas y empleados del IGSS, ya detenidos, de haber aceptado pagar cerca de 2.4 millones de dólares para que el instituto otorgara un contrato por casi 15.4 millones de dólares en 2014 a la firma por servicios de diálisis peritoneal.
La CICIG, instancia querellante de Naciones Unidas instalada en 2007, halló “interés de funcionarios públicos” para que, en arreglo “con personas afines” a Pisa, se “le beneficiara” con el contrato.
En la energética, dos de sus trabajadores están en calidad de fugitivos, acusados de asociación ilícita, cohecho activo y falsedad ideológica. La CICIG reveló que Z Gas logró reducir el monto de una póliza para abrir un depósito aduanero privado en puerto Quetzal, en el Pacífico.
Entre julio y octubre de 2014, Z Gas pidió autorización para el depósito a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y buscó “un intermediario particular” en el guatemalteco César Medina Farfán, “capaz de ‘contactar’ y ‘lograr’ cualquier tipo de favor de parte de altas autoridades guatemaltecas”, precisó la comisión.
Medina fue el “centro de una red de ilícitos que involucra a funcionarios públicos y a particulares en actos que van en detrimento” de la administración pública y del patrimonio estatal y, aliado a personal aduanero, manipuló “las condiciones en las que lícitamente debiese darse dicho proceso”, añadió.
Como jefe de la SAT, Carlos Muñoz, “permitió” sustituir una página “que inicialmente establecía una fianza” por 5 millones de dólares, por una nueva en la que se rebajó a 650 mil dólares, aseguró.
El jueves, las autoridades guatemaltecas capturaron a Gustavo Martínez, ex secretario general de presidencia y yerno del mandatario Otto Pérez Molina, así como al ex ministro de Energía, Edwin Rodas, acusados de corrupción con la transnacional de energía Jaguar Energy, a la que Martínez habría ayudado, “agendando” reuniones entre los inversionistas con el presidente Pérez Molina a fin de “destrabar” los obstáculos legales y ambientales para la construcción de la planta.
No a candidatura de Zury Ríos. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala rechazó ayer la candidatura presidencial de Zury Ríos Sosa, hija del ex dictador José Efraín Ríos Montt, para los comicios generales del próximo 6 de septiembre.
El ente rector de los comicios resolvió que Ríos Sosa, del opositor partido Visión con Valores (Viva), tiene prohibido aspirar a la primera magistratura por ser hija del ex jefe de Estado. Con información de agencias.
