Los Ángeles, EU.- Un tribunal federal de Los Ángeles ordenó al gobierno de Estados Unidos restablecer el estado de protección de un inmigrante indocumentado que, a principios de año, fue arrestado cerca de la frontera con México acusado de tráfico de indocumentados.
“La acción del gobierno federal fue arbitraria y caprichosa», resolvió el juez sobre el arresto de Jesús Arreola Robles, quien es beneficiario del programa de Acción Diferida para Llegada de Menores a Estados Unidos (DACA por sus siglas en inglés) establecido por el ex presidente Barack Obama.
Arreola Robles fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza el 12 de febrero en Campo, California, acusado de tratar de cruzar ilegalmente a una persona a Estados Unidos. Jesús, de 23 años, residente de North Hollywood explicó que estaba ayudando al primo de un amigo.
El joven pasó varias semanas detenido antes de obtener la libertad bajo fianza de un juez de inmigración que «lo encontró creíble» cuando dijo que «no había participado en actividades delictivas», dijo Katrina Eiland, abogada de la Unión de Libertades Civiles de America (ACLU).
Eiland, quien es abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, defendió que su representado nunca fue acusado de un delito.
En marzo, Arreola Robles recibió una carta de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos donde le informaban que debido a que las autoridades de inmigración habían iniciado procedimientos de deportación en su contra porque estaba en el país de forma ilegal, su estado en DACA estaba siendo revocado.
El juez federal de distrito Philip S. Gutiérrez le concedió a Arreola Robles una orden judicial preliminar y ordenó al gobierno restaurar el beneficio.
En su decisión, Gutiérrez escribió que debido a que DACA fue creado específicamente para personas en el país de manera ilegal, y porque los no ciudadanos que han sido o serán enviados a procesos de deportación siguen siendo elegibles, la cancelación del estatus de alguien solo es «arbitraria y caprichosa».
Considero que esto viola la Ley de Procedimiento Administrativo federal, que rige cómo las agencias de la rama ejecutiva toman decisiones. «El público tiene un gran interés en garantizar que las leyes de inmigración de la nación se apliquen de manera firme y justa», escribió Gutiérrez.
Con información de Notimex
