El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente validó que la Procuraduría General de la República y las Procuradurías estatales y “los servidores públicos” que éstos consideren, soliciten “por simple oficio o medios electrónicos” a los concesionarios de servicio de telefonía celular la geolocalización en tiempo real, de teléfonos involucrados en la investigación de delitos graves, sin la intervención de un juez federal.
Cuatro de los 11 ministros del máximo tribunal se pronunciaron por la validez de la reforma de abril de 2012 al Código Federal de Procedimientos Penales, que permite a las procuradurías solicitar a concesionarios de telecomunicaciones la ubicación inmediata de dispositivos, sin orden judicial previa.
En el primer debate, los ministros Alberto Gelacio Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Pardo consideraron que la herramienta de localizar a una persona en tiempo real es útil para detener a los delincuentes o avanzar en una averiguación, respaldando el proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos, que indicó, que en estos casos de localizar personas es “determinante la inmediatez y por ende no se puede establecer un control judicial”.
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