Madrid, España.- El Govern de Carles Puigdemont empleó criptodivisas, el llamado bitcoin, para pagar a Amazon y a Google, claves en la organización del referéndum ilegal del 1-O, y para financiar parte de los dominios de internet empleados por la Generalitat para promocionar el voto por la independencia.
Según ha investigado la Guardia Civil, a Amazon le fue abonada la infraestructura que la Generalitat utilizó para contabilizar los votos de la convocatoria del 1 de octubre, y a Google, el servicio por el denominado Proyect Privacy Shield, una herramienta que protege de ciberataques y que, en este caso, pudo emplearse como escudo para impedir el control de las autoridades.
Para hacer uso de este último instrumento, los impulsores del 1-O tuvieron que pedir permiso a la matriz de Google en Estados Unidos, que se la concedió. Ambas firmas han recibido una citación judicial.
Estos son algunos de los datos que han recabado los investigadores de la Guardia Civil que trabajan a las órdenes del Juzgado número 13 de Barcelona, cuyo titular ha enviado una citación a ambas compañías para que expliquen las condiciones de su relación con la Generalitat en este aspecto de la votación ilegal.
El juez ha podido seguir, a través de las investigaciones, la batalla que libraron los responsables de la Generalitat para conseguir y garantizarse las estructuras con las que montar las elecciones, acceder al censo y contar los votos. Y sobre todo la batalla para eludir el control del Estado. Según consta en el sumario, las autoridades de la Generalitat intentaron desde un principio obtener una plataforma de software que les permitiese gestionar sin necesidad de intermediarios ni proveedores, las elecciones y consultas ciudadanas que convocase.
Con este fin, uno de los responsables del Centre de Telecomunicacions del Govern(CTTI), Josue Sallent, se puso en contacto con la empresa Scytl (Secure Electronic Voting). Se llevaron a cabo varias reuniones que empezaron el pasado mes de abril y en el que Sallent planteó «el posible desarrollo de un software de recuento de votos para su uso en elecciones al Parlamento de Cataluña y consultas ciudadanas», según explicó un empleado. La condición fue que todo estuviera preparado para finales de agosto, para, aproximadamente, un mes antes de la convocatoria ilegal.
Scytl no rechazó inicialmente la propuesta y comunicó al Govern que un proyecto de esa envergadura podía costarle entre un millón y dos millones de euros. Pero, tras solicitar un informe jurídico al bufete Garrigues, comunicó al Gobierno que rehusaba la oferta porque, en ese momento montar la infraestructura que se les pedía no era ilegal pero podía serlo si finalmente era utilizado, como parecía, en el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional.
Los responsables del Govern intentaron encontrar una solución a este problema pero, según las fuentes consultadas, las empresas con las que contactaron posteriormente ponían precios todavía menos accesibles y además el tiempo se les echó encima.
De modo que, según las citadas fuentes, descartada la posibilidad de tener un software de recuento propio sin intermediarios, «para acceder al censo utilizaron una aplicación de Scytl que incluso suele ser utilizada por organismos públicos y policiales para sus elecciones internas». Es de suponer que emplearon la estructura informática que habían comprado a esta empresa para elecciones anteriores como los comicios de 2012. La tecnología de Scytl ha sido usada por ejemplo por el Ayuntamiento de Barcelona para consultar a los vecinos sobre cómo reformar la Diagonal, por el Parlament para que los diputados voten a distancia (experiencia pionera en Europa), e incluso Puigdemont la usó para consultas ciudadanas como alcalde de Girona.
Según las fuentes consultadas, los miembros del Govern y los funcionarios involucrados pagaron con bitcoins algunos de los servicios y con tarjetas de crédito otros. Las contrataciones realizadas mediante este último método pueden ser rastreadas pero, precisamente porque el uso de las criptodivisas persigue el anonimato en el pago y la ocultación del origen, es más difícil que se llegue a saber a cuanto asciende la cuenta de todo lo abonado con bitcoins.
Citación judicial a Google
Uno de los elementos que más han pesado a la hora de enviar la citación judicial a Google es el hecho de que, para obtener el servicio Privacy Shield utilizado por la Generalitat, hay que enviar un informe a la central de la compañía en Estados Unidos justificando los motivos por el que se solicita. El juez quiere saber si los responsables de la Generalitat explicaron en dicho informe el carácter de la consulta que iban a convocar.
Según fuentes de Google, el Privacy Shield es un escudo contra ataques masivos y continuados que tratan de sabotear un servidor por la vía de colapsarlo. Las mismas fuentes recuerdan que la empresa Google fue requerida por el juez para retirar la aplicación con la que la Generalitat informaba, antes de la convocatoria, de los lugares donde se iba a poder votar, y que esa orden, tras su verificación, fue cumplida.
Por otro lado, la Instrucción 13 de Barcelona ha abierto una nueva causa para investigar el uso de datos personales en el censo del 1-O. El magistrado ha acumulado en una nueva pieza separada todas las diligencias abiertas en diferentes juzgados de Cataluña tras numerosas denuncias interpuestas por particulares. En ellas se pone en conocimiento de la Justicia la utilización de sus datos (nombre, DNI y domicilio) «ya sea para acceder a una página web con la finalidad de conocer el colegio electoral que les correspondía para depositar su voto en el referéndum, ya sea para remitir documento de designación como integrante de una mesa electoral».
Fuente: El Mundo
