Ciudad de México.- Era 1992, Silvia Carmona, de 25 años de edad, tenía tres hijos y un matrimonio aparentemente estable, pero ese año recibió una noticia que modificó totalmente su vida: era portadora del virus del VIH. Su esposo, que era 10 años más grande, la contagió.
En un México en el que no existía un tratamiento antirretroviral altamente activo o combinado (TAR) y la única medicina que tenían a su alcance era el AZT, Silvia pasó de ser una simple ama de casa a ser la primera mujer que hizo incidencia política para pedir los medicamentos en el país. “Queríamos que la Secretaría de Salud se diera cuenta de las muertes que estaban ocurriendo por la falta de medicamentos”, narra.
En México, todos los días 30 personas se infectan de VIH, explica el doctor Carlos Magis, director de atención integral en el Centro Nacional para la prevención y el control del VIH y el sida (Censida). Esto quiere decir que cada año se presentan 11 mil nuevos casos en el país. En 2016 se estimó que había 210 mil mexicanos con el virus, de los cuales solo 60% estaba enterado. Es decir, existían más de 80 mil diagnósticos sin nombre ni apellido. Sólo especulaciones de las autoridades sanitarias.
Pero el problema no es sólo el registro incompleto, sino que, contrario a lo que ocurre con otros medicamentos en el país, 80% de los antirretrovirales son de patente y su precios superan a los de naciones como Chile y Colombia. En México, apenas dos de cada 10 frascos que se entregan son genéricos. “En la Secretaría de Salud (Ssa) hay menos uso de genéricos del que deberíamos. Estamos usando mucho más patente”, asegura Juan Sierra Madero, jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.
Del listado público de 2016 de las 34 medicinas disponibles para el programa de Acceso Gratuito a Tratamiento para personas con VIH sin seguridad social en México y que son adquiridas por el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, únicamente siete son genéricos. El resto le pertenece a las grandes farmacéuticas. GlaxoSmithKline (GSK), Abbvie Farmacéuticos y laboratorio Stendhal son los principales desarrolladores de estas moléculas.
En 2008, la Ssa en México acusó a la industria farmacéutica de vender los medicamentos antirretrovirales contra el VIH incluso cuatro veces más caros que en otros países de Latinoamérica. Entre las excusas que presentaron empresas como GSK y Abbott estaba que México pertenecía a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y no había una razón para ofrecer un precio preferencial.
Aunque se dio una pequeña reducción a los precios, la diferencia sigue siendo abrumadora. Mientras que en Chile, país que también pertenece a la OCDE, el tratamiento de un año con el antirretroviral Atripla cuesta alrededor de 114 mil pesos, en México llega hasta los 180 mil pesos para los pacientes sin acceso al medicamento por parte del sector salud.
Lo mismo ocurre con Kaletra, otro de los más usados por los pacientes con VIH. Los chilenos gastan alrededor de 24 mil pesos al año, mientras que a los mexicanos les costaría casi 70 mil pesos por los 12 meses.
La terapia antirretroviral es considerada una de las piedras angulares de la atención eficaz del VIH. Su interrupción podría conducir al fracaso de la estrategia del sector salud que busca que 100% de los infectados con VIH tenga acceso a un tratamiento efectivo. De ahí la necesidad de que los precios sean más accesibles.
“Se debe exigir que se rompa el monopolio de los medicamentos y permitir que se produzcan genéricos como sucede en Argentina y Brasil con el Atripla, costarían mucho menos y se tendría un abasto suficiente […] es lógica: entre menor costo, mayor volumen; entre mayor volumen, menor desabasto y llegas a más personas”, explica Nicole Finkelstein, directora de AIDS Healthcare Foundation en México.
Censida, perteneciente a la Secretaría de Salud, es uno de los pocos que ha logrado mitigar esta falta de medicinas, pero el número de mexicanos que atiende ha ido en aumento. En 2013, se tenía el registro de 90 mil 708 pacientes con VIH que tomaban antirretrovirales. Este número subió a 117 mil 691 en 2015, de acuerdo con los datos del último informe.
Para el ciclo de abril 2017 a marzo 2018, la Secretaría de Salud tiene un presupuesto de 2 mil 727 millones 108 mil pesos para cubrir los tratamientos de 85 mil 630 personas. Tomando como referencia los 126 mil casos de los que se tenía un registro detallado en 2016, se calcula que habrá 40 mil 370 infectados con el virus del VIH que no entrarán en este listado.
En la mesa de su comedor principal, Silvia muestra tres recetas del IMSS que tienen entre un mes y quince días de ser expedidas. Hasta el momento ningún medicamento ha llegado a sus manos. Lopinavir y Ritonavir son los dos principios activos que están pidiendo. Kaletra es su nombre comercial. Abbvie Farmacéuticos, SA de CV, una escisión de la empresa Abbott, es el dueño de la patente.
Cuatro tabletas de Kaletra al día es lo que cada paciente con VIH tiene que tomar. Si el gobierno no les da el medicamento, la inversión personal sería de casi 70 mil pesos al año, y esto tomando en cuenta sólo una de las medicinas. “[Sin la ayuda del gobierno] nos vamos a morir como pajaritos. Son como nuestras defensas y sin ellas nos venimos abajo”, detalla Silvia.
Los mismos de siempre
A pesar de las quejas contra laboratorios como GSK, estos siguen surtiendo la mayor parte de los antirretrovirales. Esta farmacéutica produce seis de los medicamentos que adquiere cada año Censida. Maraviroc, uno de los principales inhibidores contra el VIH, le pertenece a este laboratorio. El gobierno adquirió en 2016, de acuerdo con documentos oficiales, 870 paquetes que costaron 5 millones 761 mil pesos en total. Es decir, cada caja con 60 tabletas tuvo un costo de 6 mil 622 pesos. El tratamiento anual de un paciente saldría en un poco más de 70 mil pesos, según los datos del gobierno.
Los mexicanos que son portadores del virus y que no logran adquirir este medicamento en el sector salud tienen que invertir más del doble de lo que paga el gobierno. Para ellos, pagarlo de su propio bolsillo por un año les costaría 175 mil 464 pesos. Esto en un país en el que solo 1.7% de la población que trabaja gana alrededor de 200 mil pesos al año.
