México. – El PRI en la Cámara de Diputados acusó que los 32 superdelegados estatales propuestos por el presidente están en un “inmoral y perverso conflicto de interés”.
El PRI en la Cámara de Diputados reprochó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de “inmorales” a exmandatarios del país por trabajar como consejeros de empresas privadas, sus 32 superdelegados estatales están en un “inmoral y perverso conflicto de interés”.
Señalaron, como ejemplo, que en Zacatecas la superdelegada Verónica del Carmen Díaz Robles es nada menos que la cuñada de Ricardo Monreal, además de haber sido secretaria particular de su hermano, el exsenador David Monreal, de 2012 al 2018.
En Guerrero está Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y cuñado de John Ackerman, ideólogo y militante de Morena.
El delegado en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, era nada menos que el secretario de Formación Política y Doctrinaria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, capacitador e integrante de la Red Nacional de Abogados para la campaña presidencial de López Obrador en 2006, y además fue representante de Morena ante el órgano electoral en el Estado de México.
En Tabasco, el superdelegado es Carlos Manuel Merino Campos, quien fue el suplente en el Senado de Adán Augusto López Hernández, hoy gobernador en esa entidad de Morena. En Puebla, la superdelegación federal recae en Rodrigo Abdalá Dartigues, quien fuera secretario particular de Manuel Bartlett, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En Hidalgo está Abraham Mendoza Zenteno, señalado por los propios militantes morenistas de estar involucrado en un desvío de recursos del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a favor de Morena, durante la campaña presidencial del 2018.
En Michoacán, el delegado federal es Roberto Pantoja Arzola, quien además de ser el presidente estatal de Morena, fue representante de la coalición Juntos Haremos Historia ante el órgano electoral; aunque lo más grave es que era empleado de la Secretaría de Educación, a la par de realizar tareas de partido, lo que el propio imputado aceptó como real, aunque argumentó que ambas actividades las realizó en horarios diferentes.
Destaca el propio coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, quien es senador plurinominal con licencia por Morena y fue director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del extinto Distrito Federal, durante la administración de AMLO, y fue apoderado legal de Honestidad Valiente AC, organización encargada de recibir donativos y aportaciones del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
La bancada priista propuso que si a los exfuncionarios públicos –expresidentes y secretarios de Estado– se les pide esperar 10 años para poder emplearse en la IP, los superdelegados tengan que renunciar tres años antes a sus puestos si aspiran a un cargo público.
Los priista sugieren reformar 8 artículos constitucionales, e incluir un transitorio con la finalidad de establecer un control constitucional al poder político, que garantice el equilibrio de poderes, la transparencia, la rendición de cuentas y el federalismo en nuestro país.
Con información de El Financiero.
