CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula, Guerrero, quienes podrían estar relacionadas con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que corresponderá a las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales del caso, «el desahogo puntual de las líneas de investigación que se proponen nos permitirá tener certeza sobre el destino de los normalistas despreciados y lograr que la justicia llegue a este caso”.
De acuerdo con el organismo autónomo, autoridades de los tres niveles de gobierno no hicieron nada para actuar y evitar los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, ésta situación “sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno».
«México es un país en el que, con frecuencia, la verdad se niega o esconde».
Presentamos la Recomendación Recomendación 15 VG/2018, relacionada con la Investigación por Violaciones Graves de #DerechosHumanos en el Caso #Iguala.
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— CNDH en México (@CNDH) 28 de noviembre de 2018
“El desaseo y poco profesionalismo con el que se han llevado a cabo las investigaciones han provocado que se subestimen 38 porciones petrosas de huesos y se ignore el material contenido en la bolsa recuperada del río San Juan, susceptible de someterse a pruebas de ADN”.
En la sede del Club de Periodistas, en el Centro Histórico, González Pérez indicó que la recomendación que emite la CNDH sintetiza más de un millón de hojas y mil 255 tomos, resultado de las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas de “la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”.
«CNDH no investigó delitos, ni efectuó indagaciones paralelas a las de @PGR_mx. Buscó identificar violaciones a #DerechosHumanos y contribuir a que se conozca la verdad, para dar certeza a padres y familiares sobre paradero de sus hijos desaparecidos y con ello aliviar su dolor». pic.twitter.com/FAeFwZf5Ny
— CNDH en México (@CNDH) 28 de noviembre de 2018
Al afirmar que se trata del caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, comentó que en las pesquisas que realizó se vio obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades que recurrentemente le negaron acceso a la información en su poder, o bien entregaron información de manera parcial, incompleta o desordenada.
Además, de manera negligente o dolosa se negaron a llevar a cabo diligencias o ejecutar acciones que habrían permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos, evitar que elementos probatorios se perdieran o contaminaran.
El titular de la CNDH resaltó que la verdad es el mejor instrumento para la justicia, sin embargo en diversas ocasiones las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial.
Lo anterior, sostuvo, dado que desorientó, confundió y generó incertidumbre en la opinión pública, propiciando que las víctimas fueran revictimizadas, al grado que sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados.
Además, cuando se hizo público y divulgó el desarrollo de una supuesta diligencia ministerial que posteriormente se acreditó fue desarrollada al margen de la ley, así como el haber negado que existiera material óseo susceptible de ser analizado genéticamente adicional a aquel sobre el que se hizo público que se habían realizado pruebas con resultados limitados.
«Quienes tenían a su cargo hacer efectivo el derecho a la verdad de víctimas y de la sociedad fallaron en cumplir con tal obligación”, concluyó González.
Redacción / Notimex @CNDH
