Venezuela. – El Gobierno venezolano anunció este miércoles nuevamente el cierre de la frontera y la revisión de relaciones diplomáticas con Aruba, Bonaire y Curazao.
Esto después de que fueran sede para servir de centro de acopio de ayuda humanitaria destinada a la nación petrolera. Por su parte La oposición está presionando por el ingreso de esa ayuda y su líder Juan Guaidó anunció en Twitter que el 23 de febrero habrá movilizaciones hacia cuarteles en distintos puntos del país, para «exigir» a los uniformados que permitan el paso de alimentos y medicinas desde naciones vecinas.
El hecho de que Curazao «haya decidido prestarse para este show, que lo único que procura y pretende es la intervención de Venezuela, ante esa situación Venezuela ha adoptado no solamente la suspensión y cierre de nuestra frontera, sino también poner bajo revisión (…) las relaciones», dijo a periodistas la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Más temprano, el general Miguel Morales había confirmado la reapertura con las Antillas sin dar detalles sobre las razones y tampoco explicó las causas del cierre en la víspera.
Curazao es uno de los tres puntos de acopio, junto con Colombia y Brasil, de alimentos y medicinas que la oposición venezolana quiere que ingresen al país para asistir a unas 250 mil personas, entre ellos niños, ancianos y mujeres embarazadas con desnutrición y enfermedades crónicas.
El Gobierno de Nicolás Maduro rechaza que en Venezuela exista una crisis humanitaria, asegura que la comida y medicamentos de los que habla la oposición son «limosnas» y anunció para esta semana la llegada de 300 toneladas de insumos y asistencia desde Rusia.
Julio Castro, de la ONG Médicos por la Salud, inidicó en una conferencia de prensa que calcula se necesitan entre 800 a mil millones de dólares para recuperar los hospitales, cuyas unidades de emergencia carecen de la mitad de los medicamentos e implementos para atender a pacientes.
También dijo que cuerpos policiales y grupos armados afectos al gobierno algunas veces presionan a doctores y enfermeras que denuncian públicamente las carencias. El gobierno de Maduro también es señalado por organizaciones de defensa de derechos humanos, que acusan a los cuerpos de seguridad de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales contra opositores.
Amnistía Internacional llamó este miércoles a aplicar la jurisdicción universal para garantizar los derechos humanos y denunció una escalada en la represión, en particular para castigar a residentes de barrios pobres que participaron en recientes protestas.
Desde Ginebra, Human Right Watch mostró también preocupación por la situación y afirmó que «Venezuela necesita apoyo internacional para restablecer la democracia y el estado de derecho, y poner fin a la brutal represión de Maduro contra la disidencia».
Con información de El Financiero.
