Ciudad de México. – El capítulo de anticorrupción incluido en el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés), permitirá a América del Norte ser una zona económica más competitiva y atractiva para el mundo, afirmó Dante Preisser Rentería, funcionario de la Secretaría de la Función Pública.
El titular de la Unidad de Vinculación del Sistema Nacional Anticorrupción señaló que lo principal es generar confianza de la sociedad en el gobierno, de las empresas para invertir en la región y del mundo para traer sus capitales a México, a partir de un marco normativo a nivel de tratado comercial, que establece como una de sus prioridades combatir la corrupción para mejorar la competitividad.
En entrevista con Notimex, detalló que a partir de que la Secretaría de Economía convocó a la de la Función Pública se inició un proceso de negociación, donde en las distintas rondas con Canadá y Estados Unidos impulsó varios temas que eran muy importantes que se establecieran.
“Como ocurrió en los casos de facilitación -del comercio- que son una figura en la ley estadounidense, que permite que se pueden dar recursos a funcionarios públicos de otros países con el objetivo de facilitar trámites o servicios”, indicó.
Sin embargo, dijo, para efectos de la ley mexicana eso representaba un soborno de las empresas extranjeras en el país, pero la legislación norteamericana lo permite.
El funcionario aclaró que “para nosotros era muy importante impulsar que en este tratado se estableciera una condena a los trámites de facilitación, que prohibiera la reducción de impuestos de estos pagos, porque lo que ocasionaba era un incentivo y generaba actos de soborno en México.”
Otro tema que la dependencia impulsó fue el de la protección a denunciantes de hechos de corrupción, donde el Sistema Nacional Anticorrupción lo contempla pero de manera limitada, por lo cual, se consideró incluirla en el tema internacional, con el objetivo de mejorar la confianza de los inversionistas en el mercado de la región, resaltó.
Manifestó que ese tema era importante hacerlo obligatorio por parte de los tres países, ya sea tanto de servidores públicos que están en las instituciones y que identifican estas conductas como los denunciantes ciudadanos que también deberían ser protegidos para no tener represalias.
También se propuso desde la Función Pública generar y establecer mecanismos de cooperación internacional para combatir la corrupción, los que tienen que ver con capacitación para tener mejores investigaciones, para que los servidores públicos de los tres países estén mejor preparados para atender situaciones de corrupción y de cooperación para compartir datos en casos que trasciendan las fronteras del país.
Hizo notar que en ese tema en particular Estados Unidos y todos los países del mundo comparten información. “Dependiendo de la materia hay muchos temas en los que la relación con la Unión Americana es muy cercana y la información fluye de manera cotidiana, lo cual nos puede generar mejores resultados en investigaciones, en procesos y en políticas para combatir este flagelo».
En este caso en particular, subrayó, lo que se busca es impulsar mecanismos y convenios de colaboración entre instituciones de los tres países para compartir información, a fin de contar con herramientas de cooperación mucho más puntuales para luchar contra la corrupción y el lavado de dinero.
Expresó que en el capítulo se establece que las tres naciones se comprometen a adoptar medidas para combatir la corrupción como fijar delitos muy puntuales que las leyes deben contemplar como son el soborno y la apropiación indebida de recursos públicos o privados por parte de los funcionarios públicos nacionales y extranjeros.
Preisser Rentería mencionó que también se debe fijar la responsabilidad de las personas morales por corrupción. Además, dijo, se establece que las leyes tienen que contemplar las medidas necesarias para la conservación de libros, registros y estados financieros así como estándares muy puntuales de contabilidad y auditoría por parte de las empresas.
También se reconoce, continuó, la importancia de que las empresas particulares estén reguladas, porque al final la corrupción es de dos, tanto del servidor público al aceptar el beneficio indebido como del privado que da ese dinero para obtener ventajas.
Comentó que se contemplan varias medidas en materia de integridad empresarial, de generar códigos de ética en las empresas y la promoción de ésta como una política pública tanto para el servicio público como a los particulares. Con este capítulo, mencionó, los tres países reiteran el compromiso que hay en la región para atender esta problemática.
De esta manera, el USMCA permite generar muchos proyectos particulares de atención de combate a la corrupción, pero principalmente, es un llamado a la comunidad internacional de que la región de norteamericana es competitiva en la medida en que está buscando generar mecanismos reales que permitan atacar este problema y la competencia desleal.
Necesario identificar y reconocer la corrupción
Al haber reglas claras, un entorno de Estado de derecho y legalidad, enfatizó, la región seguirá convirtiéndose en un área competitiva, que a diferencia de otras del mundo empezará a incrementar de manera coordinada y conjunta medidas muy efectivas para el combate a la corrupción.
Estableció que se tienen que ver las obligaciones y los mecanismos legales para tipificar en materia de corrupción, pero no solamente eso, sino generar elementos procesales que efectivamente investiguen, detecten, sancionen y no solamente se quede en la letra de la ley.
“El objetivo no es solamente es que no haya corrupción, sino que al identificarla y reconocerla se pueda castigar para generar más confianza de la ciudadanía, en sus instituciones y de las empresas en el mercado de la región.
Sobre el tema de contrataciones públicas, expresó, es un tema que no está incluido en el capítulo anticorrupción, pero se incluyeron medidas específicas de combarte a la corrupción, estableciendo la obligación de contemplar sanciones administrativas y penales en casos de compras públicas.
También, aseveró, se establecieron medidas de intercambio de información y transparencia que desincentive y prevenga la corrupción, es decir, transparentar los procesos de licitación.
Además, señaló se determinó fomentar el uso de tecnología para transparentar y optimizar todos los procedimientos, que es lo que se está trabajando actualmente en Compranet que es mejor las tecnologías para las compras públicas y también se fijaron criterios para incentivar la igualdad de oportunidades entre proveedores de los estados.
El tema de comercio electrónico, admitió, es uno de los más innovadores, quizá uno de los de mayor importancia y que fue una de las razones por las que se renegocio el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Ello, toda vez que la sociedad avanza «a pasos agigantados por la tecnología digital junto con el comercio digital, se han convertido en uno de los principales motores de la economía mundial y en esa medida hay muchos temas que están regulados, pero en particular, para efectos de facilitar el uso público de la información gubernamental para impulsar el desarrollo económico y la competitividad”, afirmó.
Además, implica tener datos relevantes que desde el Estado se tengan datos importantes para los inversionistas y que deben estar disponibles en formatos abiertos para ser analizada por los competidores.
Asi mismo, que la cooperación internacional pueda expandir el acceso y uso de esa información pública gubernamental para fomentar y generar oportunidades de negocios específicamente para las Pequeñas y medianas Empresas (Pymes). “A partir del proceso digital la pequeña y mediana empresa se puede beneficiar como proveedoras del Estado”.
Todo esto, aseguró, facilita que el Congreso dela Unión entre a la fase de análisis a nivel de comisiones en donde tendrá que ser discutido y lo que hemos identificado, expuso, es que el texto cumple con todas las expectativas para que sea una de las prioridades del Poder Legislativo y que una vez aprobado también permitirá que haya claridad sobre las reformas legales que se lleguen a necesitar.
Consideró que si el acuerdo comercial requiriera de algunas reformas legales, sería en materia de responsabilidades administrativas y protección de denunciantes.
Con información de Notimex.
