Ciudad de México.- El Congreso mexicano perdió la oportunidad de aprobar, en un periodo ordinario de sesiones, las leyes secundarias que harían operante el Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, los legisladores federales llamarían a un periodo extraordinario en el que podrían votar las 7 iniciativas, entre ellas la impulsada por la ciudadanía, denominada #Ley3de3, que firmaron más de 600 mil personas y con la que se busca transparentar las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los servidores públicos.
Las leyes están atoradas debido a que los partidos sólo tienen consenso total en 4 de las 7 leyes. Mientras que la discusión de la ley #Ley3de3, la discusión se centra en si se hacen públicas o no las declaraciones de los funcionarios. Las dos restantes están un impassefrontal, de acuerdo con los declaraciones de los coordinadores de bancadas de los partidos a la prensa.
En conferencia de prensa el miércoles, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM, Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Miguel Barbosa Huerta y Carlos Alberto Puente Salas, anunciaron que las comisiones del Senado de la República encargadas de dictaminar los temas de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, mando mixto policial y lo referente a la cannabis reanudarán sus trabajos el próximo lunes 9 de mayo, con el objetivo de elaborar los dictámenes correspondientes y que estos se puedan debatir en un periodo extraordinario.
¿Cuáles son todas esas leyes secundarias anticorrupción y qué regularán? ¿Quién está a favor o en contra de qué? ¿Hasta cuándo podrían llamar a un periodo extraordinario? Aquí 8 claves:
1- Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (Atorada)
Crearía la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encargada de perseguir los delitos. Este de dependiente de la Fiscalía General de la República (en lo que se convertirá la Procuraduría o PGR). Esta ley se mantiene estancada en el Congreso.
2- Adecuaciones al Código Penal (Atorada)
La reforma al Código Penal describiría con claridad los delitos de corrupción y sus procesos de investigación. Esta iniciativa tambié está atorada.
3- Ley General de Responsabilidades Administrativas (#Ley3de3) (Pendiente)
Delimitaría las obligaciones y comportamiento de los funcionarios públicos y establecería las sanciones para quienes incurran en actos de corrupción. Entre esas obligaciones estaría presentar sus declaraciones patrimonial, de interés y a de impuestos. La iniciativa ciudadana original, #Ley3de3, contemplaba que estas declaraciones fueran públicas; aunque PRI y Partido Verde proponen que las declaraciones tengan más información, piden que no sean públicas.
4- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Consensuada)
Establece la coordinación entre las siete instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción: Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de la Función Pública, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Comité de Participación Ciudadana.
5- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Consensuada)
Este Tribunal sería el encargado de juzgar e imponer sanciones a funcionarios y privados que incurran en faltas administrativas graves.
6- Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Consensuada)
Estas adecuaciones son necesarias para echar atrás la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, que estaba prevista para 2013. También daría todas las facultades para prevenir, identificar y sancionar faltas administrativas no graves.
7- Adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Consensuada)
Estas adecuaciones le permitirían a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar recursos públicos en tiempo real y no esperar a que concluya la cuenta pública. También para podría analizar cuentas públicas de años anteriores a raíz de denuncias o nuevas revelaciones y, por último, para que pueda fiscalizar los recursos federales que son entregadas a los estados.
8- El periodo ordinario de sesiones del Congreso terminó el viernes 29 de abril; pero puede llamarse a un periodo extraordinario para cumplir con el plazo límite contemplado por la ley, que es el próximo 28 de mayo.
Hay dos formas de convocar a un periodo extraordinario, exclusivo para discutir estas leyes: que los grupos parlamentarios lo propongan en la Comisión Permanente del Congreso o que lo solicite el Presidente de la República. Para ambos casos es necesario el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la Comisión Permanente.
Fuente: Aristegui Noticias
