Ciudad de México. – Samuel González Ruiz, exdirector de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la desparecida Procuraduría General de la República (PGR), avaló el viraje presidencial de determinar que el caso Ayotzinapa no fue un crimen de Estado.
Dijo que el que hayan participado policías de Iguala y Cocula, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre del 2014, no aplica para que entre en esta clasificación el caso, porque “ese concepto político, que no es un concepto jurídico, no lo hace un crimen de Estado”.
Esto, al precisar, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que el Estado tiene responsabilidad por no proteger a sus ciudadanos, así como por no garantizar que los policías “no estén trabajando con el crimen organizado”, además de la responsabilidad de no haber implementado las acciones para que este lamentable caso sucediera.
Puntualizó que estos rubros clasifican dentro de “la responsabilidad internacional del Estado”, en materia de derechos humanos, por lo que no es “equivalente el crimen de Estado, con el concepto de responsabilidad internacional”.
Sin embargo, el consultor internacional en Materia de Seguridad Pública, advirtió que al igual que el pasado gobierno, con el Caso Iguala, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene responsabilidad tanto en el fallido “Culiacanazo”, por la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, el pasado 17 de octubre como en la masacre de Bavispe, Sonora, a principios de este mes.
Y advirtió que el Estado Mexicano “puede ser condenando en una Corte Internacional por no haber evitado el homicidio de los seis menores y las tres mujeres de la comunidad LeBarón”, así como “por lo que sucedió en Culiacán, por no haber protegido a la población”.
Pero, ello, recalcó, “no quiere decir que hayan sido ordenadas por un alto ejecutivo o un alto mando del Estado Mexicano”.
Estos casos, como el de Ayotzinapa “son totalmente distintos, con una responsabilidad distinta, porque hay una responsabilidad internacional del país, por no garantizar los derechos humanos, que se diferencia del concepto de crimen de estado”, concluyó.
Con información de Excélsior
