México. – Seis de los personajes más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto durante su mandato se encuentran bajo la lupa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los personajes se encuentran bajo investigación por acusaciones que tienen que ver con presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos públicos. La administración federal ha solicitado a la Interpol la búsqueda y detención, en 190 países, de uno de los hombres que formaron parte del primer círculo de Peña Nieto. Esto, mientras el exmandatario es investigado en Estados Unidos por supuestamente haber recibido sobornos para la compra-venta de la empresa Fertinal en 2015.
Así, están en la mira del gobierno los exsecretarios de Desarrollo Social, Rosario Robles; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; de Economía, Ildefonso Guajardo, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, además del general León Trauwitz, quien fue jefe de escoltas de Peña Nieto durante su gestión al frente del Estado de México y jefe de seguridad de Pemex. Así como Juan Collado, quien fue abogado del priista.
La cercanía de cada personaje con el expresidente es clara. Lozoya fue el encargado de los asuntos internacionales de Peña Nieto como presidente electo. Antes de asumir la Presidencia lo acompañó a Alemania, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y siete países del Centro y Sur de América. Joaquín Coldwell era el presidente nacional del PRI cuando el priista fue designado candidato presidencial.
Al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a media docena de los integrantes de su gabinete y a sus allegados, la actual administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador le ha iniciado una serie de inhabilitaciones y acusaciones judiciales que van desde presuntos actos de corrupción, desvío de dinero, relaciones con huachicoleros hasta ser parte de una red de lavado de dinero, por lo que, en algunos casos, se han girado ordenes de aprehensión a nivel nacional e internacional.
Ildefonso Guajardo se encargó en el periodo de transición de los acercamientos comerciales del que sería el nuevo gobierno con otras naciones. Robles se hizo cargo del diseño de la política social del pasado gobierno y fue defendida por Peña Nieto ante ataques de la oposición. Juan Collado divorció al exmandatario de Angélica Rivera. Especialistas en temas políticos consideraron que, con las órdenes de aprehensión y el buscar hacer justicia contra colaboradores cercanos a Peña Nieto, el gobierno denota que se cumple la promesa de López Obrador sobre combatir la corrupción, y aseguraron que se está tejiendo un cerco a los excolaboradores.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es quien más número de señalamientos tiene, pues se le acusa de supuesta asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, e incluso es el único que tiene orden de aprehensión por la Interpol, para ser buscado en 190 países, por presuntamente haber aceptado sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Lozoya Austin también tiene acusaciones por la compra-venta de las plantas chatarras de Fertinal y Agronitrogenados, que generó la pérdida de millones de pesos para el Estado. En mayo pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó por 10 años por no haber informado de cuentas y saldos bancarios en su declaración patrimonial y de conflicto de interés.
Tras difundirse que el Consejo de Administración de Pemex era investigado por el caso Agronitrogenados, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que lo citara a declarar por la compra de esta planta. El también exgobernador de Quintana Roo dijo que es su derecho ser informado “sin demora y de manera detallada” del contenido de las investigaciones que le haga la autoridad. Añadió que es su voluntad colaborar para que la pesquisa se lleve de manera objetiva e imparcial.
Al igual que Coldwell, el exsecretario de Economía (SE) se puso a disposición de las autoridades para informar del papel de esa dependencia durante el periodo en el que se desempeñó como parte del Consejo de Administración de Pemex. “Manifiesto mi disposición a informar el papel de la SE durante el periodo de mi responsabilidad en dicho Consejo”, precisó Guajardo Villarreal. Hasta el momento, ninguno de los dos exsecretarios ha sido citado para comparecer por estas acusaciones y tampoco hay algún requerimiento judicial en su contra.
Otra colaboradora del exjefe de Estado mexicano es Rosario Robles, quien fungió como titular de la Sedesol y Sedatu. Este lunes se dio a conocer que la FGR busca imputarla y vincularla a proceso por el caso de la Estafa maestra. El general León Trauwitz es otro de los servidores públicos que mantiene un proceso judicial ante las autoridades mexicanas. El militar se encuentra bajo investigación por presuntamente ser parte de una red de robo de combustible desde la empresa petrolera.
El 9 de julio, Juan Collado —quien en mayo pasado tuvo como invitado al expresidente Peña Nieto en la fiesta de la boda de su hija— fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República al estar acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En entrevistas por separado, los politólogos José Antonio Crespo, Alberto Aziz y Ulises Corona consideraron que la justicia de la Fiscalía General de la República y de la administración de López Obrador no debe ser selectiva, y si hay elementos contra el expresidente Enrique Peña, se debe llegar hasta él.
Rechazaron que haya una persecución política, pero consideraron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República deben armar bien las averiguaciones y los expedientes, pues puede salir contraproducente a su administración que busca combatir la corrupción, pero como le pasó a gobiernos anteriores (panistas), no termina en nada.
Con información de El Universal.
