Ciudad de México.- Miguel Barbosa, excoordinador perredista en el Senado dijo que cumple con su primer objetivo de “tener justicia pronta y expedita» luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diera como plazo cinco días para que la Comisión Jurisdiccional del PRD resuelva el recurso interpuesto.
A través de un comunicado, mencionó que «una de las razones fundamentales por las que recurrí directamente a la Sala Superior fue por la preocupación de que la Comisión Jurisdiccional se convirtiera en autoridad de consigna y retrasara indefinidamente la resolución de la controversia».
El perredista explicó que el 8 de marzo presentó ante la Sala Superior del TEPJF un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, por el acuerdo del CEN del PRD en donde piden su destitución como coordinador del grupo parlamentario.
Mencionó que el documento fue radicado bajo el expediente Sup-JDC-113/2017 en la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
«El día de hoy el Magistrado Ponente ordena el reencauzamiento del expediente, para que lo resuelva en primera instancia la Comisión Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, antes de que la Sala Superior conozca en definitiva del asunto», agregó.
Barbosa dijo que la Sala Superior ordenó que la propia Comisión Jurisdiccional resuelva el asunto en un plazo perentorio de cinco días hábiles.
«Como consecuencia, la Sala Superior da mayor amplitud a mi garantía de acceso a la justicia porque el órgano de justicia interna tendrá a su alcance y deberá recabar con mayor celeridad las constancias que derivaron en el acto que reclamo», señaló.
Horas antes, el TEPJF determinó que la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD es la instancia que debe resolver la impugnación del senador Miguel Barbosa.
Ello luego de que la Sala Superior resolvió como improcedente la solicitud del senador para conocer el juicio para la protección de los derechos.
Los magistrados ordenaron por unanimidad, deberá resolver con respecto a la medida provisional o cautelar reclamada, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación respectiva.
