Ciudad de México. – Falta de capacitación de custodios, de mecanismos para evaluar la reinserción social, así como precarias condiciones de seguridad en las cárceles, son problemas que aquejan al sistema federal penitenciario mexicano, precisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“En 2017, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) presentó deficiencias en la administración de sus centros penitenciarios en términos de la seguridad e infraestructura en los mismos”, aseguró la ASF.
Cabe señalar que el OADPRS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y se encarga de organizar y administrar los centros federales de readaptación social, así como la ejecución de sentencias en los mismos y aplicación de los tratamientos de readaptación.
En materia de seguridad, la auditoría encontró que para el año pasado el OADPRS contó con 136 mecanismos de seguridad; 44 protocolos ya aprobados, además de 92 procedimientos sistemáticos, no obstante, dichos instrumentos se aplicaron en sólo 10 de los 20 centros de readaptación federales, lo que significó que 50% de los cárceles federales no aplicaron medidas de seguridad.
“En 2017, el OADPRS identificó 191 necesidades en materia de infraestructura y equipamiento, de las cuales atendió 6.8% (13 necesidades), debido a que careció de una programación que le permitiera contribuir a la atención de dichos requerimientos en los centros penitenciarios”, señaló el reporte.
En materia de sobrepoblación en los centros federales, se indicó que tras la auditoría no se encontró este fenómeno, además de señalar que los últimos años la población penitenciaria ha ido a la baja.
No obstante, enfatizó que “si bien la población penitenciaria ha decrecido durante el periodo 2013-2017, y con ello, la sobrepoblación, este comportamiento no se asoció con mejores condiciones de seguridad pública, ya que el número de delitos y homicidios siguió en aumento, por lo que, de continuar con esa tendencia, se corre el riesgo de que la disminución de la población penitenciaria pueda contribuir a vulnerar las condiciones de seguridad en el país”, concluyó la ASF.
Cifras irregulares
Asimismo, en referencia a la reinserción social de los internos de cárceles federales en su generalidad, detalló que no hay indicadores claros para dicho cometido ya que en principio, el OADPRS expresó que en el 2017 se evaluaron a 10,524 internos, 4.7 % más que el mismo órgano reportó que realizaron actividades para su reinserción social (10,056) en dicho año.
En tanto, en lo que se refiere a los internos que ya tienen una condena firme, la Auditoría identificó irregularidades como que el OADPRS evaluó a 15,382 internos, cifra superior en 60.3% a los 9,595 internos que el mismo órgano dijo que tenían una sentencia firme.
Estos indicadores “denotan falta de confiabilidad de las cifras; además, respecto de las personas privadas de su libertad que obtuvieron una evolución positiva en sus planes de actividades, la entidad fiscalizada no acreditó contar con criterios para determinar la calificación o evaluación de los planes de actividades”, enfatizó la ASF mediante la auditoría 2017-5-04D00-07-0016-2018 16-GB
Sin controles de confianza
La auditoría también identificó que hasta el 2017 había 8,947 personas adscritas al OADPRS, todas evaluadas en materia de control de confianza, aunque más de la mitad presentaron esta evaluación vencida, equivalentes a 4,892 servidores públicos.
Sobre las evaluaciones vigentes “se determinaron deficiencias en la clasificación de 485 (12.0 por ciento). Por lo que el OADPRS no se aseguró de que su personal cumpliera con los requisitos de permanencia”, indicó la ASF.
El órgano fiscalizador acotó que desde el 2015, se aprobaron los lineamientos para la profesionalización de los servidores públicos del sistema penitenciario, sin embargo, no han existido avances concretos en la profesionalización.
En opinión de la ASF, el OADPRS no acreditó la profesionalización de los 8,947 elementos que conformaron la plantilla de ese órgano.
“Aun cuando contó con el esquema normativo general para profesionalizar al personal penitenciario, por lo que persiste la falta de profesionalización del personal penitenciario, lo que limita contribuir a la reinserción social de las personas que cometieron un delito y compurgaron su sentencia y disminuir la reincidencia delictiva”, concluyó la ASF.
Principales hallazgos
50 % de los centros de readaptación federal no aplicaron en el 2017 protocolos de seguridad.
El OADPRS presentó irregularidades en los indicadores de reinserción social para internos.
El órgano federal manifestó, por ejemplo, haber evaluado a mayor número de personas sentenciadas que aquellas que realmente tienen una sentencia.
La ASF concluyó que hay una “falta de confiabilidad en las cifras”.
Hasta el 2017 había 8,947 elementos adscritos al OADPRS.
4,892 servidores públicos adscritos al OADPRS no contaban con exámenes de confianza vigentes.
Con información de El Economista
