Foto: YouTube / Presidencia Enrique Peña NietoMÉXICO.- El juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia ratificó la prisión preventiva justificada para el exprocurador general de la República, Jesús “N”, por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia.
Después de una audiencia de 12 horas, el juez escuchó los argumentos de la defensa del imputado y de la Fiscalía General de la República y de los abogados de las víctimas indirectas, los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de la abogada de cuatro víctimas de tortura del caso Ayotzinapa.
El juez determinó la vinculación a proceso penal del acusado y justificó la prisión preventiva justificada por el riesgo que implica que el acusado cuente con seis domicilios y tenga ahorros y fondos bancarios por más de 85 millones de pesos.
El exprocurador vestía una chamarra, camisa y pantalón de color beige, el color del uniforme de los reos.
Al principio mostró una actitud más positiva, en comparación con la que estuvo el sábado pasado, durante la audiencia de imputación.
Sin embargo, con el paso de las horas, su actitud tranquila y paciente se mantuvo, hasta que al final su semblante cambió cuando escuchó al juez decir que lo vinculaba a proceso penal y más aún, cuando confirmó que deberá de permanecer en el Reclusorio Norte, a pesar de los argumentos de la defensa de solicitar una medida cautelar que le permitiera estar fuera de prisión.
Al inició, la defensa del imputado, sin presentar documentos o videos, como prometió, desacreditó la acusación de la FGR con el argumento de que se basa en declaraciones que hizo en su carácter de procurador entre octubre de 2014 y enero de 2015.
Sin embargo, el juez desestimó todos los argumentos de la defensa, al indicar que, en su calidad de procurador, Jesús “N” debió conocer las posibles irregularidades que se estaban dando en las investigaciones, pero no lo hizo, por ejemplo, al no denunciar y permitir los actos de tortura contra los 4 implicados.
Mientras que la FGR sólo ratificó los argumentos que presentó desde el sábado.
Después de escuchar a ambas partes, el juez le dio la palabra al acusado, quien dijo: “Fueron ellos, el grupo argentino e interamericano, quienes escogieron el lugar donde se haría el análisis; fueron ellos quienes escogieron los restos y los llevaron a Innsbruck; fueron ellos quienes dijeron cuáles restos podían ser analizados, tanto del río como del otro lugar”.
Y planteó: “Puedo aceptar algunos errores, pudieron cometerse fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar”.
Señaló que «desde hace siete u ocho años, estos grupos han buscado una alternativa, todas se caen, hubo restos encontrados, pero en el camino de la barranca al basurero”.
Aseveró también: “Pudo haber fallas, se pudieron haber hecho las cosas mejor. pero ninguno la ha podido tirar».
Durante la audiencia se conoció que, en este caso, hay otros dos exfuncionarios como imputados, Gualberto “N”, extitular de la Unidad Especializada de Investigación de la SEIDO y de Blanca Alicia “N”, exagente del Ministerio Público Federal, encargada en un inicio de la averiguación previa que se inició por estos hechos.
La defensa del acusado presentó a Cuauhtémoc Vázquez, experto en riesgos procesales, quien dijo que el acusado vive de sus rentas, que tiene 30 años de vida matrimonial, siete hermanos, cuatro hijos y mascotas, por lo que se le tenía que conceder la prisión domiciliaria.
El juez desechó estos argumentos y ratificó su decisión de la prisión preventiva justifica para terminar la audiencia.
Al salir, los abogados del imputado dijeron que buscarán impugnar la resolución del juez.
“Está tranquilo, confiado de las instituciones (…) tiene padecimientos está estable (…) vamos a ver cuál es el medio de impugnación que consideramos prudente (…) tranquilo y en espera de que podamos y mostrarle cuál es la mejor opción”, dijo Javier López, abogado de Jesús “N”.
Mientras que el abogado de los padres de familia de los jóvenes desaparecidos dijo que es una resolución importante para llegar a la justicia de este caso.
“El mensaje que da el juez es que todo aquel funcionario que comete irregularidades una consecuencia jurídica (…) es una resolución muy importante, muy objetiva que ayuda en el camino de la justicia y el conocimiento de la verdad”, Vidulfo Rósales, abogado de las víctimas.
“Si queremos saber la verdad (…) vamos a seguir en pie de lucha”, señaló Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.
El juez determinó un plazo de tres meses de investigación complementaria.
Con información de N+ / Arturo Sierra y Mario Torres
