Foto: Redacción MÉXICO.- Este lunes, 26 de septiembre de 2022, se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El octavo aniversario llega con un panorama de reclamos por parte de los padres de los jóvenes y sus compañeros estudiantes, pero también con algunos avances del Gobierno actual.
El más reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia señala que hubo “crimen de Estado”, y ha permitido realizar nuevas detenciones y la confirmación explícita de la participación en los hechos de autoridades de todos los niveles.
Estas son cinco claves para entender el caso.
1- Las dos verdades
Según el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), policías corruptos de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes de la escuela normal para maestros de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tomaron autobuses para ir a una manifestación el 2 de octubre en la capital.
La versión de la Administración de Peña Nieto, bautizada como “verdad histórica”, indica que los agentes entregaron a los estudiantes al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula tras un ataque que dejó seis muertos, además de los 43 desaparecidos.
Pero el Gobierno de López Obrador coincidió con los familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que rechazaron esta “verdad histórica” al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.
2- Estudiantes identificados
Posteriormente, la Comisión de la Verdad, creada por el presidente López Obrador tras asumir el cargo en 2018, identificó en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez y en junio los de Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero y sin marcas de fuego.
Por ello, el Gobierno de López Obrador considera que este hallazgo “derrumba” la “verdad histórica” de Peña Nieto.
Previamente, las autoridades habían identificado los restos de Alexander Mora en 2014.
3- Un “crimen de Estado”
El informe de la Comisión para la Verdad, presentado el pasado 18 de agosto, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
Pocos días después, el 26 de agosto, los padres de los jóvenes aseguraron que seguirán buscando a sus hijos con vida hasta que haya pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos.
Aún así, reconocieron la importancia de que el Gobierno establezca con claridad la participación de las Fuerzas Armadas y otras autoridades, algo que venían denunciando desde hace años.
4- Implicados y detenidos
El presidente López Obrador declaró el 22 de agosto que no habrá impunidad para quienes participaron en la desaparición de los estudiantes y “aseveró que están siendo juzgados”, tras la detención de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de 2012 a 2015.
Murillo Karam, detenido el 19 de agosto, está acusado por la Fiscalía de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación al caso.
Las autoridades mexicanas también buscan extraditar de Israel desde septiembre de 2020 a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, considerado uno de los autores clave de la “verdad histórica”.
En las últimas semanas, se ha emitido orden de detención en contra de 83 personas, entre ellas 20 mandos militares y otros cargos de los batallones de la ciudad de Iguala.
Han sido arrestados el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa.
Anteriormente ya habían sido detenidas más de 100 personas -entre ellas integrantes del cártel de Guerreros Unidos, policías federales y municipales- pero algunos de ellos fueron liberados.
5- Las lagunas del caso Ayotzinapa
La gran incógnita, ocho años después, continúa siendo dónde están los 43 estudiantes -aunque se encontraron restos de tres de ellos-.
Pero también se desconoce, en caso de que hubiesen sido ejecutados, quién dio la orden y cuál fue el motivo, puesto que todavía hay varias teorías.
Tampoco se sabe con precisión si había algún vínculo entre autoridades de diferentes niveles con el narcotráfico.
Por último, se ignora por qué el Gobierno de Peña Nieto creó la “verdad histórica“.
Caso Ayotzinapa: movilizaciones para exigir justicia
Hoy se esperan varias marchas para exigir justicia en el caso Ayotzinapa.
En la Ciudad de México la movilización empezará a las 16:00 horas. Será del Ángel de la Independencia al Zócalo. Autoridades piden que sea una marcha pacífica.
Normalistas protestan en Campo Militar 1-A
El viernes, normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa arrojaron piedras, cohetones y petardos al interior del campo Militar número 1.
Al término de un mitin que realizaron estudiantes, familiares y padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos, un grupo de normalistas, la mayoría encapuchado, arrojó por espacio de 15 minutos petardos y piedras a los integrantes de la Policía Militar y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Los manifestantes también derribaron una puerta del campo militar y algunos barandales de las instalaciones.
Los elementos que contenían la agresión desde el interior de las instalaciones militares usaron un vehículo especial para lanzar chorros de agua hacia el exterior. Los normalistas decidieron retirarse a bordo de autobuses.
En un comunicado, el Gobierno de la CDMX aseguró que la movilización “concluyó sin enfrentamientos”, y que los cuerpos de seguridad no respondieron ninguna agresión.
Señaló que un grupo de manifestantes con el rostro cubierto realizó pintas, arrancó rejas y lanzó petardos, cohetones, bombas molotov y piedras al interior del complejo del Ejército Mexicano, lo que dejó 39 elementos lesionados. De ellos, 21 son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tres de los cuales fueron trasladados a un hospital para su valoración médica; 13 de SEDENA y 5 de la Guardia Nacional.
Autoridades de la Ciudad de México indicaron que intentaron dialogar con los jóvenes antes de que iniciara la manifestación.
“Los destrozos que hubo, no tenemos notificación de heridos, sólo eso y se retiraron los estudiantes (…) toda confrontación por supuesto se evita, se contiene (…) pedirles que hagan su manifestación, tiene todo el derecho, pero de manera pacífica”, dijo Juan Gutiérrez, coordinador de concertación Política del Gobierno de la CDMX.
Durante el mitin que duró aproximadamente una hora al exterior del Campo Militar número 1, los estudiantes, familiares y padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos, le pidieron al Ejército Mexicano entregar al Ministerio Público Federal la información que tienen sobre los hechos ocurridos el día 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
“Como parte de este monitoreo acumularon acervo probatorio, tienen videos, fotografías, audios, de lo que pudo haber ocurrido, testimonios de lo que pasó de principio a fin con nuestros compañeros”, indicó Vidulfo Rosales, abogado de los padres.
El apoderado legal de los familiares de los normalistas desaparecidos solicitó a las autoridades del Ejército Mexicano entregar ante la Fiscalía General de la República a los militares que cuentan con una orden de aprehensión por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
“De las 20 órdenes de aprehensión que hay contra el Ejército, hoy apenas se han cumplimentado cuatro, si hay esa disposición que han manifestado las autoridades hoy es el momento compañeras y compañeros, que esa voluntad tenga que mostrarse, con poner a esos elementos responsables ante la justicia, ese es el llamado que hoy se hace en esta institución», dijo Isidoro Vicario, apoderado legal familiares estudiantes desparecidos.
En este sentido, el juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México giró tres órdenes de aprehensión en contra del exprocurador de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco; la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, Lambertina Galeana Marín, y el exsecretario de Seguridad Pública también de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
Todos ellos están acusados por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Además, Iñaki Blanco está acusado por el delito de delincuencia organizada; Lambertina Galeana, por los delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, y Leonardo Octavio Vázquez, por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Estas órdenes de aprehensión fueron solicitadas al juez por la Fiscalía General de la República.
Con información de EFE y N+ / Bogdán Castillo y Arturo Sierra
