MÉXICO.- Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, reveló este lunes que la SFP tiene 7 investigaciones abiertas por el caso Carlos Lomelí Bolaños, “que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares”.
La secretaria rindió un informe sobre el delegado estatal de Jalisco que renunció el pasado 12 de julio , durante la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional.
Dijo que, con base en el Artículo 24 de la Ley de Austeridad que fue aprobada por el Senado y que será discutida en la Cámara de Diputados, para ocupar cualquier empleo o cargo en un ente público, los interesados se verán obligados a separarse de los activos o intereses económicos particulares relacionados con la materia o que afecten el ejercicio de sus responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de interés.
Irma Eréndira Sandoval reveló que se investiga a Carlos Lomelí en la SFP a través de las siguientes entidades:
- Dirección General de Información e Integración
- Dirección General de Denuncias e Investigaciones
- Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas
- Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
- Unidad de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
Precisó que hay 7 investigaciones en curso “que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares”. Detalló que la primera investigación se abrió el 22 de mayo de 2019, que 4 están relacionadas con las empresas vinculadas a Carlos Lomelí y otras 3 sobre las conductas contrarias a la legalidad, sancionables a través de procedimientos administrativos.
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que se recibió con beneplácito la carta de renuncia de Carlos Lomelí y que se llevarán las investigaciones hasta las últimas consecuencias.
Antecedentes del caso
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el delegado del Gobierno federal en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, estaría detrás de una red de empresas farmacéuticas beneficiadas por contratos gubernamentales.
De acuerdo con la investigación difundida por la organización, que tuvo acceso a documentos públicos, la red de nueve empresas se encuentra controlada por el funcionario a pesar de que solo reconoce oficialmente en su declaración patrimonial a cuatro de ellas.
Las cinco empresas restantes han tenido en su directorio a 11 de sus familiares y colaboradores más cercanos y han ganado más de 2.000 millones de pesos (unos 104,38 millones de dólares) en contratos por la venta de medicamentos a distintas autoridades.
Este lunes, la secretaria de la Función Pública informó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que el Gobierno federal “avanza con la ley en la mano” y exige la separación de la función pública y los intereses particulares.
Con información y foto de Noticieros Televisa
