Foto: MÉXICO.- Un juzgado administrativo ordenó abrir la información reservada por el Gobierno de la Ciudad de México sobre el contaminante del agua Benito Juárez… y le dio tres días para hacerlo.
A finales de marzo, vecinos de esta Alcaldía comenzaron a reportar un olor a combustible en el líquido.
Aunque el Sistema de Aguas (Sacmex) desestimó las quejas de inicio, la Administración reconoció después que se trataba de contaminación química.
Ubicó un pozo en Álvaro Obregón como la fuente de afectación para 10 colonias, pero se negó una y otra vez a explicar cuál había sido el agente contaminante y. sobre todo, cómo había llegado a la red pública.
«Los vecinos tienen derecho a conocer exactamente cuál fue la sustancia con la que estuvieron bebiendo y haciendo uso durante casi mes y medio, incluyendo, además, la reacción del Gobierno porque actuaron mal y tarde». Laura Ballesteros, promotora del amparo.
Tanto fue así, que el Comité de Transparencia del Sacmex decidió reservar por tres años la información que arrojaron los análisis tomados en su momento.
Como recurso de defensa ante el ocultamiento, los emecistas Laura Ballesteros, Rodrigo Cordera y Luis Manuel León promovieron el amparo, que fue aceptado.
El viernes 5 de julio otorgó la suspensión definitiva, obligando a las autoridades a entregar los datos requeridos en un máximo de tres días hábiles, es decir, a más tardar mañana.
Ballesteros insistió en que los vecinos tienen derecho a conocer exactamente cuál fue la sustancia que estuvieron bebiendo o utilizando para actividades cotidianas.
«Nosotros fuimos muy claros en que estaba dirigido al Gobierno de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno, Martí Batres, a Sacmex y también a Pemex», resaltó Ballesteros.
A la fecha, Batres sólo ha dicho que se trató de un químico de la familia de los aceites y se ha concentrado en subrayar el apoyo emergente que dieron a los afectados.
Buscan no repetición
Además de la desclasificación, el amparo buscaba que se garantizara el acceso al agua limpia, a reparación del daño a los afectados y la no repetición; sin embargo, estas peticiones aún no son avaladas.
«Tienen que decir específicamente cuál es la sustancia que estaba afectando a los vecinos de la demarcación para que los vecinos tomen medidas respecto a su salud, lo mínimo que el Gobierno tiene que garantizarles y, si quieren proceder contra el gobierno, que lo puedan hacer», explicó.
Por la falta de resolución de las otras solicitudes del amparo en la suspensión, los emecistas informaron que interpondrán un nuevo recurso para presionar al juzgado a aprobar las exigencias.
«Somos familias las que vivimos ahí, niños pequeños, yo tengo un hijo de cuatro años, pero en mi edificio viven otros cuatro niños, una persona adulta mayor y te das cuenta de la indefensión en la que te encuentras ante quien tendría que defenderte, que es el Gobierno», comentó.
Si las autoridades no transparentan la información, se buscará una sanción administrativa en contra de todas las instituciones demandadas y contra el propio Martí Batres.
Con información de Reforma
