Texto: Eduardo Pérez Arroyo
Fotos: José Cacho
Morelia, Michoacán.- En varias zonas del Centro Histórico la ciudad se cae a pedazos. Mientras tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargado de velar por la conservación del patrimonio, parece ser hoy uno de los principales obstáculos para revertir ese deterioro.
Incumplimiento de la normatividad, negligencia, criterios discrecionales, beneficios a amigos, falta de preparación de los peritos, normas confusas y anticuadas, tratamiento desigual a proyectos similares, dictámenes sin prueba alguna, abuso de autoridad… Son algunos de los problemas con los que, según acusan varios morelianos, hoy opera el Instituto en Michoacán.
De las acusaciones, al menos una es cierta: el INAH muestra una disparidad absoluta de criterios a la hora de vigilar el patrimonio. En algunos casos cobra sentido la denuncia de que, al menos en Michoacán, los supuestos peritos operan más como un grupo corporativo que como expertos.
Según exponen los quejosos, algunos de ellos afectados por las decisiones del organismo, el INAH más que ser un agente que favorezca el desarrollo “se ha convertido en el principal factor de freno, afectando en gran medida la propia economía de la ciudad”.
A través de una carta enviada al arquitecto Arturo Balandrano Campos, Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, varios morelianos liderados por el gestor cultural Eduardo Rubio Elosúa acusan al funcionario, incluso, de mentir a los empresarios locales.
Las diferencias surgieron cuando el INAH negó los permisos de construcción para un estacionamiento. Según el organismo, no se puede instalar un servicio de esas características en la zona patrimonial (pese a que desde 1992 en el lugar opera un salón de fiestas). Pero los inconformes reclaman que el propio INAH, incumpliendo la ley, autorizó un estacionamiento de cuatro pisos en Plaza Villalongín, junto al Acueducto.
El centro histórico, un caos arquitectónico
A raíz del problema, la investigación de este medio destapó varios hechos de incompetencia o negligencia. Los temas son varios, pero básicamente se constató que el INAH muestra celo absoluto en algunos casos y un franco desinterés en otros, con hechos puntuales que grafican el desorden con que opera el instituto en Morelia.
En la actualidad varios inmuebles del Centro Histórico incumplen las rigurosas directrices que el INAH impone a otros. Ejemplos hay varios. Por sus circunstancias, dos destacan sobre el resto.
La sede de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Morelia, se ubica en Madero 630, dentro de la Zona de Monumentos establecida por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990.
El lugar corresponde a un edificio con fachada e interior de cantera, que hasta hace pocos años funcionó como restaurante. Se trata de un inmueble relativamente moderno, cuyo interior ya ha sido remodelado; sin embargo, hoy los enrejados exhiben un color violeta que no se relaciona con las características del edificio.
El color claramente incumple la norma. El “Reglamento para la conservación de la zona de monumentos históricos de Morelia” dice, en su título V, que “en las obras de restauración de los inmuebles notables y relevantes se requiere que (…) los proyectos de restauración e intervención (…) estarán supeditado a las características tipológicas y morfológicas del inmueble”, y que “se procurará conservar los elementos arquitectónicos originales y restituir los faltantes de los cuales se tenga testimonio real y documental”.
De manera más específica, el mismo documento señala que “en el caso de los barandales, puertas ventanas y ornamentación que haya tenido el inmueble y que en el presente ya no conserve la documentación histórica poda ayudar y si no se tiene entonces acudir a diseños tradicionales de otros inmuebles”; y que “tomando en cuenta el contexto arquitectónico de Morelia, que en su conjunto le da el carácter de especialidad a la ciudad, ningún inmueble se podrá tomas en forma aislada, sino que éste es parte del conjunto urbano”.
En tanto, el documento Lineamientos Institucionales Generales En Materia De Conservación Del Patrimonio Cultural, publicados por el INAH el 27 de noviembre de 2014, señala que “cualquier adición o cambio realizado durante las intervenciones de conservación deberá ser comprensible y visible, pero a la vez deberá integrarse visual y estéticamente con el monumento”.
Hay otros sitios aún más polémicos, como el Estacionamiento Villalongín que es propiedad de la Operadora Dozcuartos S.A. De C.V. y se ubica frente a la plaza del mismo nombre. Quienes rechazan las trabas del INAH en otros sitios acusan que la dependencia autorizó esta obras que colinda directamente con el Acueducto, uno de los emblemas patrimoniales de la ciudad.
El descuido, señalan, llegó a tal que uno de los accesos al inmueble, por el que circulan cientos de vehículos cada día, pasa directamente debajo de uno de los arcos.
El mismo Reglamento Para La Conservación De La Zona De Monumentos Históricos De Morelia señala que “para la realización de obra dentro de la Zona de Monumentos Históricos (…) la altura que puede autorizarse, será la que tenga los inmuebles colindantes, o en su caso la del promedio de los existentes en el parámetro en que se localice, sondeando la serie de elementos formales del contexto inmediato”.
Sin embargo, el estacionamiento –del cual numerosas fuentes aseguran que es propiedad del exgobernador Fausto Vallejo– supera la altura del Acueducto.
Otros inmuebles también exhiben flagrantes incumplimientos a las supuestamente rígidas directrices del Instituto. En la actualidad en el centro de Morelia operan antros, restaurantes y otras áreas de esparcimiento que no respetan la coherencia patrimonial que impulsa el INAH.
Las acusaciones
Los quejosos que redactaron las misivas acusan directamente a la sección de Monumentos se operar como un cuerpo colegiado, que toma las determinaciones en conjunto y que los dictámenes que emiten están avalados por todos sus integrantes; argumenta que es extraño que tratándose de asuntos tan técnicos aparezcan votaciones que hacen pensar más en acuerdos políticos y no en análisis científicos.
Además, debido a las trabas, aseguran, “la inmensa mayoría de los posibles solicitantes prefieren realizar sus modificaciones en fines de semana y a puerta cerrada, sin autorización del INAH. Prefieren ser multados y pagar lo que cuesten las multas antes de tener qué verles la cara a estas personas”.
Eso, dicen, ha hecho que Morelia se haya visto irremediablemente afectada por intervenciones de muy mala calidad, tanto en materiales como en arquitectura.
Finalmente, reclaman que quienes necesitan realizar alguna obra dentro de la zona monumental “saben que la única manera de lograr los permisos es yendo a la ciudad de México, y gestionar cualquier permiso allá.
“No aceptamos vernos obligados a gastar en ir a la ciudad de México cuando hay una delegación INAH en Michoacán pues ya de suyo es costoso realizar cualquier modificación o restauración en este tipo de propiedades”, afirman.
Los argumentos son variados. “Las leyes tienen que ir a favor de las personas, no a favor de las piedras. Me parece que hay que replantear el papel que juega el INAH en nuestro momento histórico”, escribió la última semana de noviembre el conocido gestor cultural moreliano Eduardo Rubio Elosúa al coordinador Arturo Balandrano. “Cualquiera comprende que la Catedral sea Monumento, o iglesias y monasterios… Pero ustedes decretan que una casa en ruinas, sin mayor construcción que una fachada a punto de caerse, es Monumento Histórico…” agregó.
Por último, señalan, las indicaciones del INAH suelen ser impagables para la mayoría. Pero los lineamientos del organismo son claros: los dueños de los inmuebles deben financiar los cambios.
El INAH incumple las normas
En 2014 se aprobaron tres modificaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La primera integró zonas marinas a la conservación del patrimonio. La tercera se refería a las sanciones a los particulares o instituciones responsables en caso de incumplimiento de la norma.
El segundo punto es el más polémico. Se trata de la modificación los artículos 5º, 22 y 34, y la adición de otros cuatro. Básicamente, permitía a los propietarios manifestar inconformidades cuando los organismos declararan algunos inmuebles como monumentos históricos o similares. Desde entonces el INAH debe notificar a todos los propietarios de un bien inmueble que considere con las características para ser Monumento Histórico Inmueble. El propietario tiene 15 días para inconformarse con la declaratoria.
¿Qué significa esto en la práctica? Que desde entonces son las cortes de justicia y no el INAH quien tiene la última palabra respecto de la conservación del patrimonio.
Pero el INAH incumple. Y ese es uno de los puntos principales que se reclaman. “Cualquier juez federal otorgaría un amparo a cualquier propietario de las casas que otrora fueron consideradas Monumento Histórico y que no han sido notificados personalmente”, dicen las cartas con los reclamos hechos llegar al organismo. Los quejosos agregan que tampoco se han inscrito estas propiedades dentro del Sistema Único de Registro de Monumentos ni se ha dado parte al Registro Público de la Propiedad, como lo señala la propia ley.
Al no recibir la notificación oficial, reclaman, podrían emprender reparaciones en sus inmuebles, pero con el riesgo de que llegue el INAH a clausurar las obras e imponer multas a los responsables. Por eso muchos prefieren no hacerlo.
Los morelianos denuncian también que los peritos del INAH actúan de manera poco profesional al decretar medidas que revierten dos años después, sin mayor análisis. Aseguran que recientemente el INAH clasificó como Monumento Histórico Inmueble a un edificio construido enteramente en los años 1991 y 1992, pero hace apenas tres años habían extendido otro documento aclarando que no era Monumento Histórico Inmueble, sino “colindante con un monumento histórico”.
“Esto no puede ser un juego en el que ellos sean quienes pongan las reglas y las cambien todos los días a su conveniencia”, acusan los inconformes liderados por Rubio.
Otros reglamentos también les dan la razón. Aunque no aplica como norma, el artículo 10 de la carta de Venecia, firmada por México en 1965, dice en su Artículo 10 que “cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación de un monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases científicas y garantizada por la experiencia”.
Pero nada de eso no ocurre. En la práctica, aseguran, los quejosos, el INAH prefiere ver caer los edificios antes que utilizar técnicas modernas de conservación.
Morelia: que se vayan todos
El coordinador Arturo Balandrano acudió a Morelia el día viernes de la semana anterior. La reunión, a la que el propio Balandrano pidió begar el acceso a la prensa, duró prácticamente 4 horas. Según uno de los asistentes, “todos los presentes pudieron expresar su descontento en contra del maltrato que han recibido del Instituto Nacional de Antropología e Historia, principalmente de la sección de Monumentos de la delegación INAH Michoacán”.
Y el descontento llegó a tal nivel que gran parte de los asistentes pidieron la renuncia de todo el personal que integra la sección de Monumentos dentro de la Delegación INAH Michoacán, partiendo por su titular Ricardo González Garrido.
Los asistentes exupsieron otro de los contrasentidos de la instancia a nivel federal. Según ellos Arturo Balandrano afirmó que para el INAH existe la probabilidad de que bajo las construcciones actuales del centro hubiese ruinas arqueológicas, por lo que el organismo solicitaría a los propietarios a permitir estudios arqueológicos con especialistas de Ciudad de México.
¿El problema? Que esos estudios deben ser íntegramente costeados por los propios propietarios. La dependencia también les exige pagar por completo cualquier arreglo o reparación interior o exterior.
“Me parece un abuso que atenta contra el patrimonio de las personas, la mayoría sin recursos económicos para ello, y por esa misma razón prefieren dejar caer la casa que intentar hacer cualquier cosa con ella”, afirmó Eduardo Rubio a Balandrano en la carta recientemente enviada.
En la actualidad la flamante Zona de Monumentos Históricos parece atrapada entre la desidia, el interés –o desinterés– de los particulares, una legislación anacrónica y disfuncional y la directa incompetencia de los encargados de su protección.
La apatía llega a tal que en noviembre de este año, al anunciar la actualización del catálogo del patrimonio moreliano, Gaspar Hernández Razo, gerente de Patrimonio del Ayuntamiento, aseguró que desde hacía 25 años ninguna administración municipal actualizaba los datos, pese a que la Unesco exige que el catastro se haga cada cinco años.
En ese tiempo pasaron por el sillón municipal Jesús Samuel Maldonado Bautista, Sergio Augusto Magaña Martínez, Fausto Vallejo Figueroa, Salvador López Orduña, Salvador Galván Infante, Augusto Caire Arriaga, Fausto Vallejo Figueroa, Salvador López Orduña, Fausto Vallejo Figueroa, María del Rocío Pineda Gochi, Manuel Nocceti Tiznado, Wilfrido Lázaro Medina y Salvador Abud Mirabent. A ninguno pareció importarle el deterioro del Centro Histórico.
Y mientras tanto, Morelia se destruye un poco más cada día.
- El reportero se comunicó con el INAH para solicitar formalmente su versión; desde la sede de Morelia le indicaron que se contactarían con él. No hubo más respuesta.
