México. – Por unanimidad de 414 votos, la Cámara de Diputados federal exhortó al Tribunal Superior, a la Procuraduría General de Justicia y al Consejo de la Judicatura, todos de Ciudad de México, a que destituyan, inhabiliten e inicien una investigación y proceso judicial contra el juez de control Federico Mosco González.
El impartidor de justicia reclasificó el delito de tentativa de feminicidio cometido por Juan Carlos García contra su ex esposa Abril Pérez Sagaón, por lo que quedó en libertad tras haberla golpeado con un bat; y es el principal sospechoso de su muerte.
A través de un punto de acuerdo de urgente resolución, suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, excepto por el PVEM, el pleno cameral aprobó el llamado a las autoridades capitalinas y federales para investigar, abrir el expediente judicial y sancionar, inhabilitar y destituir a Mosco González por las irregularidades cometidas en el caso de Abril Pérez.
El debate del punto de acuerdo se enlistó entre los primeros temas a discusión del pleno . Al exponer sus posicionamientos, diputadas de todas las fracciones parlamentarias se pronunciaron en contra del feminicidio de la ciudadana de Nuevo León y exigieron que las autoridades correspondientes actúen al respeto y Mosco González sea sometido a una investigación y proceso penal por las irregularidades en el caso.
Además, el Senado se pronunció por realizar una modificación profunda en la actuación de los órganos de justicia, pues es “inadmisible” que Mosco González haya dejado libre al agresor de Abril Pérez, sabiendo el peligro que corría. “Que descanse en paz y haya justicia”, expresó Mónica Fernández, presidenta del Senado, luego de que se guardó un minuto de silencio por la muerte de Abril Pérez.
Al iniciar la sesión ordinaria de este martes, el morenista Martí Batres afirmó que se requiere una sanción ejemplar para el juez. En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, opinó también sobre el caso y advirtió que ya tienen bajo la lupa a jueces y magistrados que han actuado de manera irregular o se sospecha de corrupción. La funcionaria añadió que la argumentación de los jueces en este feminicidio para reclasificar el delito a violencia intrafamiliar fue “fatal”.
Con información de Milenio.
