Tamaulipas. – La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó la noche de este miércoles la creación de una Fiscalía Especial que se avocará al esclarecimiento de las supuestas ejecuciones extrajudiciales de ocho personas, ocurridas el 5 de septiembre en la colonia Valles de Anáhuac en Nuevo Laredo.
El Fiscal Irving Barrios Mojiaca, firmó el acuerdo para instituir dicho departamento y nombrar como responsable a Adelfo Gabriel González Pérez, en atención a la relevancia del caso iniciado dentro de la Carpeta de Investigación 406/2019. Su designación va con el objetivo de que continúe concentrando los recursos y capacidades institucionales que permitan conocer claramente la forma en cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.
Adelfo Gabriel González Pérez es abogado en derecho, con maestrías en Derecho Penal, Sistema Justicia Penal Oral y Adversarial y ha ocupado cargos como Agente del Ministerio Publico Investigador y actualmente se venía desempeñando en el Despacho de la Fiscalía para Asuntos Electorales en Ciudad Victoria. La Procuraduría aseguró que desde que se tuvo conocimiento de las muertes de dichas personas se inició la carpeta de investigación la cual cuenta ya con avances significativos que permitirán tener resultados de las indagatorias en breve.
Los investigados forman un grupo especial de agentes de la Secretaria de Seguridad Publica de Tamaulipas y que dentro de un informe que dieron a conocer se expuso que el 5 de septiembre de este año habían abatido en un enfrentamiento a ocho individuos que andaban en una camioneta con blindaje artesanal, traían armas de alto poder y vestían uniforme parecido al militar.
Aparentemente el combate termino en las avenidas 7 y 10 de la colonia Valles de Anáhuac en las afueras del domicilio de uno de los abatidos, identificado como Severiano Treviño. A las 24 horas de sus muertes la Comisión Local de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que las ocho personas no fueron abatidas sino ejecutadas de manera extraoficial. Mediante videos y testigos señalan que los occisos habían sido detenidos por esos policías horas antes del enfrentamiento y que demás les sembraron la camioneta blindada, la cual fue remolcada con una grúa.
El 12 de septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomo el caso, ordenando las medidas precautorias a testigos y familiares de las supuestas víctimas, así como también advertirlas a SEDENA y Secretaria de Gobierno de Tamaulipas. El día 13 el personal de la CNDH acudió a Nuevo Laredo para realizar inspección física y ocular cómo es de revisar la casa si hay vestigios de un enfrentamiento y los daños que pudo sufrir la camioneta blindada.
En tanto, el presidente de la comisión local de Derechos Humanos, Raymundo Ramos Vázquez, volvió a denunciar que las autoridades estatales entregaron tres de los ocho cuerpos, los cuales, además fueron cremados sin la advertencia de que estos formaban parte de una investigación.
Con información de Excélsior.
