México. – El ofrecimiento de venta de combustible robado a empresarios de la construcción y la amenaza de detener sus obras si no lo aceptan han sido una realidad desde hace varios años.
En la mayoría de los casos no se denuncian por temor a represalias, por lo que el combate a dichas prácticas debe continuar por parte del gobierno, evitando afectaciones a terceros, consideró Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
En entrevista, reconoció que sí se han registrado algunas problemáticas por falta de diesel para la operación de maquinaria o porque los trabajadores no llegan por falta de transporte (en mínimos casos por la llegada de materiales), aunque éstas no han causado mayores afectaciones por el momento.
“No queremos ser fatalistas porque sí hay consecuencias, pero en este momento no tenemos reportes de que existan obras, públicas y privadas, detenidas en los estados afectados por el desabasto y seguimos trabajando. Estamos recabando información entre nuestras delegaciones para elaborar un reporte preciso sobre esa situación”, comentó.
El líder empresarial reiteró que una de las múltiples quejas del sector ante la autoridad está relacionada con el ofrecimiento de combustibles ilegales a las constructoras en diferentes entidades, entre ellas, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México o Guanajuato.
Como muestra de la realidad que enfrentan algunos de sus afiliados, explicó: a una obra que está en marcha, por ejemplo, en una carretera o una escuela (regularmente en lugares lejanos a los centros de población) llegan personas en camioneta para vender combustible con la amenaza de que si no lo les compran no los van a dejar seguir trabajando.
“Nadie se atrevía a hacer una denuncia formal por temor a que se les cause daño. En varias partes del país nuestros empresarios estaban asustados o los trataban de intimidar para que les compraran combustible robado. Estoy seguro de que la mayoría no accedió, pero quien sí hizo, lo hizo sobre su propia responsabilidad. Esto no es nuevo, tiene unos años”, comentó.
Una opción de los afectados era denunciar ante las autoridades locales que había personas ofreciendo combustible, pero regularmente no se actuaba en consecuencia, por lo que el combate actual a esta actividad es aplaudida por el sector, aunque solicitan se afine para que continúe sin que haya más afectaciones a la población.
De acuerdo con datos de la Presidencia de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el robo de combustible a Petróleos Mexicanos se cuantificó el año pasado en 65,000 millones de pesos, siendo en volumen equivalente a 20 millones de barriles de combustible.
Con información de El Economista
