Ciudad de México.- El crimen organizado no frenará el desarrollo del proceso electoral ni representa un riesgo para la instalación de casillas, aseguró el consejero electoral Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Hasta el momento, por fortuna en el país no ha habido un movimiento de narcotraficantes que impida el desahogo de lajornada electoral. Digamos que las disputas de ellos con las autoridades que los combaten se dan en otras situaciones diferentes a las elecciones”, afirmó.
En entrevista con El Universal, indicó que el INE arrancó con el trabajo de capacitación para quienes serán los funcionarios de las 155 mil casillas que se instalarán. Un ejército de 38 mil capacitadores visitará a los ciudadanos que ayudarán en la elección.
De 68 mil 436 secciones distritales, 15 mil 240 están identificadas como de atención especial. El INE estableció una estrategia de atención diferenciada para estos lugares, por lo que no prevé que se dejen de instalar casillas.
Por otra parte, al referirse al desencanto de la ciudadanía y la desconfianza de las autoridades, el consejero electoral refirió que están tratando de explicar a las personas cómo se realiza el trabajo electoral y cuántos recursos se gastan en éste.
¿El INE no tiene un mapa de focos rojos, de zonas de riesgo como tal, pero hay algunas zonas especiales que les pudieran complicar el trabajo?
—El INE no ha querido establecer una política en la que coloque focos amarillos o rojos en diversas regiones del país. Tampoco omitimos que hay algunos problemas de inseguridad pública focalizados en ciertas regiones del país, pero también es un hecho que las actividades electorales no se suspenden por ese tipo de problemáticas, o, para fortuna del país, la instalación de las mesas directivas de casilla, los diversos recorridos que los capacitadores electorales realizan para cumplir con tareas de la logística electoral se cumplen satisfactoriamente en tiempo y forma.
Nosotros hemos logrado que a través de los capacitadores electorales se puedan recabar datos de lugares donde eventualmente puede existir algún conflicto que pudiera afectar el desarrollo de las elecciones; entonces, en virtud de los convenios de apoyo y colaboración que nosotros tenemos, trasladamos esa información, en este caso a la Secretaría de Gobernación, y es Gobernación quien decide el esquema específico de atención a esas problemáticas que pudieran detectarse. No es, y eso está claramente señalado en la legislación, el INE no es la autoridad persecutora de las actividades que tienen que ver con la inseguridad pública.
Somos coadyuvantes con otras instituciones del Estado mexicano y lo hemos suscrito por vía de convenios en cada proceso electoral.
Si existe alguna situación que deba ser atendida puede hacerse a través de las secretarías de la Defensa o de Marina, o de las áreas de seguridad pública de los estados.
¿Pero están previendo algún tipo de medida para proteger a los capacitadores?
—Hay protocolos de seguridad para los capacitadores electorales.
Recuerdo que traemos 38 mil personas que están recorriendo las 68 mil secciones del país, están expuestas a una multiplicidad de factores.
Hay zonas de riesgos donde existen situaciones de criminalidad, que también es lamentable.
No es la parte del crimen organizado, pero sí hay zonas de asaltos, donde hay una delincuencia que podría poner en peligro a alguno de los capacitadores, por ello es que nuestro protocolo dice que no va una sola persona a hacer las notificaciones a esa región, sino que va acompañada de algún otro y también a través de las juntas locales tenemos un esquema de coordinación con los Ministerios Públicos o con la Policía Federal para poder atender alguna situación que pudiera poner en peligro a algún capacitador.
También hay zonas de marginalidad que lamentablemente se presentan en varias entidades federativas.
Ha habido ocasiones en que los capacitadores electorales han resultado lastimados perseguidos por perros que de manera lamentable son abandonados en la calle, en la vía pública. Esas cuestiones se atienden, se logra disminuir los riesgos que tienen estas personas para poder cumplir con sus actividades.
¿No han tenido problemas mayores con los capacitadores? ¿O sea que no están previendo que suceda ahora?
—Hemos tenido algunas problemáticas, no son ajenas, es un país muy grande, y estamos hablando de que los capacitadores son 38 mil personas, es un universo grande de auxiliares que están por un plazo de seis meses en la vía pública haciendo los trabajos.
Entonces, no podemos decir que nunca tenemos un conflicto con ellos; los hay, pero los hemos podido atender adecuadamente en las elecciones anteriores. Esa es la experiencia que tenemos y por eso nuestros protocolos se han venido afinando para garantizar la seguridad de ellos.
¿El crimen organizado no va a impedir que se instalen casillas? ¿No están previendo que el crimen impida las elecciones?
—No ha sido un tema que haya afectado el desahogo de las elecciones y menos de la instalación de casillas en las nueve elecciones federales que ha organizado el IFE con antelación y en todas las locales que en 2015 organizó esta institución.
Nosotros creemos que existen condiciones adecuadas en las zonas delicadas del país para poder instalar las casillas y garantizar el ejercicio de los derechos de
los ciudadanos.
Sin embargo, sí han hablado de algunas entidades que tienen conflictos de seguridad. ¿Cuáles son esas zonas que están ubicando en el mapa?
—Las zonas problemáticas existen, pero tenemos un calendario que funciona como una ingeniería de reloj y vamos bien. Empezamos recorridos en las más de 68 mil secciones que tiene el país y estamos registrando una notificación adecuada por parte de los capacitadores que visitarán 11 millones 600 mil personas a nivel nacional.
Hasta ahorita las condiciones son propicias y sí diría con seguridad que las zonas de riesgo por el crimen organizado no impedirán el desahogo del proceso electoral. No hay hasta el momento algún signo que el instituto tenga visualizado que pudiera impedir el desahogo de la instalación de las casillas.
¿Qué problemas sí les preocupan?
—Nos preocupa que pudiera haber otro tipo de situaciones, como los movimientos que se dieron en 2015.
Recordarán que el movimiento magisterial tuvo como propósito la defensa de sus derechos laborales por la vía de impedir las actividades electorales en estados como Guerrero, que fue el más complicado; en Oaxaca, que además tuvieron daños a las instalaciones de las autoridades federales y locales, o aquellos lamentables hechos donde vimos una paradoja, una situación contradictoria: maestros quemando libros. Fue una situación inédita que yo en lo particular no espero volver a ver en el país.
¿Se complicaría en Oaxaca la instalación?
—No instalar casillas es un riesgo siempre, pero no necesariamente en las zonas que están vinculadas al crimen organizado. hay regiones con problemas de carácter social que son graves.
En Michoacán traemos una problemática social fuerte en una comunidad donde hay demandas sociales de las comunidades indígenas que no han sido atendidas por las autoridades locales y que condicionan la instalación de las casillas.
Hay otras regiones del estado de Oaxaca que también tienen estas problemáticas. Recuerde lo acontecido en los últimos tres años con San Dionisio del Mar, donde no se pudo elegir al presidente municipal durante los tres años porque los lugareños impidieron la instalación de las casillas, habida cuenta de que el gobierno de Gabino Cué pretendió establecer empresas eólicas y los habitantes de esa parte afirmaron que no tenían claro cuáles eran los beneficios económicos y sociales que la instalación de las empresas les iban a redituar, y por consecuencia no permitieron la instalación de las casillas.
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