Ciudad de México. – La inclusión de las mujeres en los ámbitos laboral y empresarial recpercute postivamente en las economías. Los países que cuentan con leyes que protegen a las mujeres contra las disparidades de género son los que presentan los ingresos más altos y los mejores niveles de productividad.
En el mundo cerca de 2,700 millones de mujeres no tienen acceso legal a iguales condiciones laborales que los hombres. La desprotección, la falta de oportunidades y la violencia de las que son víctimas son factores que imposibilitan el desarrollo económico de los países de manera significativa: en promedio, las naciones que forman parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) pierden 15% de sus ingresos a causa de la desigualdad de género, de acuerdo con el estudio Mujer, Empresa y el Derecho realizado por el Banco Mundial.
A escala mundial todos los esfuerzos en materia de igualdad entre hombres y mujeres han resultado insuficientes (aunque en algunas naciones el rezago es mucho mayor). En México, por ejemplo, aún con leyes contra la discriminación laboral y protección a las mujeres todavía 2 de cada 10 trabajadoras reciben menor paga por el mismo trabajo que sus iguales hombres; las mujeres siguen siendo mayoritariamente excluidas del sector financiero y tienen mayores obstáculos para ejercer efectivamente sus derechos sociales.
Del costo total de la desigualdad de género el 40% se concentra principalmente en la actividad empresarial de los países, por lo que las leyes laborales son un elemento crucial para lograr cerrar estas brechas y como consecuencia conseguir niveles mayores de productividad y crecimiento económico.
Con mejores leyes, las brechas se reducen
La probabilidad de que las mujeres ocupen cargos directivos en el sector público incrementa conforme tienen mayor acceso a la toma de decisiones. En los países donde existe total acceso femenino a las instituciones el 24% de los puestos más altos lo ocupan las mujeres y en los que aún presentan rezagos esta cifra se reduce a 17 por ciento.
Las restricciones al trabajo imposibilitan también el desarrollo de las mujeres, especialmente generadas por la discriminación. Ya el 80% de los países de la OCDE prohíbe legalmente la discriminación laboral por género, pero sólo 40% de ellos exige que hombres y mujeres tengan la misma remuneración por un mismo trabajo. En Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y otros países de ingreso alto se garantiza esta paridad salarial.
Los países que efectivamente anularon restricciones y que prohíben de manera legal la brecha salarial son los que presentan ingresos más altos y mejores niveles de productividad laboral.
En las economías donde el gobierno contempla que las mujeres son las que se hacen cargo de más del 75% de los cuidados infantiles y las labores domésticas se han generado incentivos al empleo extendiendo la cobertura, reduciendo costos y abriendo más lugares en guarderías y otros servicios de cuidado. Finlandia, Costa Rica, Brasil y Ghana son algunos países que han avanzado en este aspecto.
Además de que, por otro lado, en las naciones donde los gastos por guarderías son deducibles la matriculación de los niños es mucho mayor. En los países con esta legislación 87% de los niños en edad preescolar asisten a la escuela mientras que en los países donde no se tiene esta opción la matrícula alcanza apenas al 59% de los niños.
Las opciones laborales de las mujeres también se ven mermadas por la violencia y la desprotección en algunas regiones del mundo, de acuerdo con el estudio del Banco Mundial, el acoso sexual y la violencia doméstica son dos factores que limitan sustancialmente el desarrollo laboral de las mujeres.
En el mundo 33 de cada 100 mujeres han sido violentada física o sexualmente por su pareja y se registra que en 38 de cada 100 feminicidios el agresor fue su pareja íntima. A escala mundial en los países donde se castiga el acoso sexual en el trabajo el 15% de las mujeres es dueña de las empresas, en donde no se protegen la cifra baja a 10 por ciento.
Especialmente en este aspecto la ley resulta determinante para frenar las desigualdades contra las mujeres, debido a que la probabilidad de que el sistema laboral de un país sea más productivo crece en medida que existen instituciones encargadas de proteger a las mujeres de estos delitos, así como de garantizar y dar seguimiento a las víctimas de dichos delitos, asegura el estudio.
Las calificaciones para América Latina y el Caribe
En los países de América Latina y el Caribe todavía hay mucho trabajo por hacer. El rubro peor calificado es el de la igualdad para obtención de crédito, con sólo 41 puntos de 100 posibles. La protección de la mujer contra la violencia fue calificada con 61, la presencia de las mujeres en los tribunales con 67 y la igualdad para acceder al empleo con 68.
Los rubros en los que se encontraron mejores resultados fueron la igualdad de derechos para acceder a las instituciones con 97 y la de derechos para el uso de la propiedad con 98.
Pese a los esfuerzos realizados desde la perspectiva pública las puntuaciones que recibe la región en términos de leyes con perspectiva de género están muy lejanas a las que presentan países de ingreso alto como España, Nueva Zelanda y el Reino Unido.
Con información de El Economista
