México, DF.- El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), citen a declarar a mandos del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, no sólo sobre la actuación de los elementos militares en los hechos violentos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en ese municipio, sino además acerca de la operación del crimen organizado en la región, al que se le atribuye el asesinato de las 38 personas cuyos cuerpos han sido localizados en fosas clandestinas.
Argumentó que si como parte de las indagatorias ya fueron citados ante la SEIDO, Iñaki Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, Procurador General de Justicia y Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, respectivamente; es pertinente también la comparecencia del comandante del 27 Batallón de Infantería “porque algo tendrá que decir sobre los hechos escalofriantes de Iguala”.
“Pero también para que explique la actuación del batallón en acontecimientos anteriores, y la información que tengan respecto a las actividades de las policías municipales de Iguala y Cocula, porque si estando ahí el batallón no se daban cuenta qué pasaba, qué hacían las corporaciones policiacas y que casi en su nariz el crimen organizado tiraba cadáveres en fosas clandestinas y no se percataban de ello, es sumamente preocupante”, apuntó.
“Si no se daban cuenta de eso, lo menos que uno puede plantear es que se tiene que revisar seriamente el papel de ese destacamento militar en la región, y en mi opinión, por lo que implica la gravedad de los acontecimientos en Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas, creo que los militares deben declarar”, señaló.
El coordinador perredista argumentó que si se confirma lo que han dicho algunos estudiantes normalistas que fueron testigos de los hechos, en el sentido de que cuando llegaron los soldados en lugar de ayudarlos, los golpearon; eso sería algo sumamente delicado y grave porque implicaría no solamente omisión, sino complicidad de los militares con el crimen organizado.
“La investigación tiene que ir al fondo de los hechos, y debe ser objetiva y cuidada, porque le guste o no al gobierno para que ésta tenga contundencia, validez y credibilidad, tendría que ser respaldada por organismos internacionales de derechos humanos como se plantea en los acuerdos alcanzados entre los familiares de los 43 desaparecidos y el presidente de la República”, consideró Alonso Raya. “Y no se debe excluir a nadie en caso de que se determine alguna responsabilidad en los hechos, sean éstos funcionarios municipales, estatales o federales”, acotó.
“De lo que estoy convencido es que este asunto no puede quedar impune, se requiere con mucha claridad hacer justicia sin ambages, justicia a secas”, opinó.
“Derivado de eso se deben implementar además un conjunto de medidas, políticas, modificaciones y reformas que tenemos que acordar para que esto no vuelva a suceder y no pueda nadie andarse excusándose o lavándose las manos del asunto, todo mundo tiene que responder frente a esta realidad”, concluyó.
