Foto:CuartoscuroMéxico, DF.- Un juez federal de Jalisco dictó auto de formal prisión contra el líder del ‘Cártel de Juárez’, Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’, por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así lo informa Milenio.
Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra el capo, mismas que fueron libradas por dos jueces federales del Estado de México.
En el caso de Jalisco, el juez Séptimo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales determinó sujetar a proceso a ‘El Viceroy’ por el arma de fuego que encontró en su poder la Policía Federal al momento de su detención, en un operativo realizado en Torreón, Coahuila. El capo está internado en el penal de máxima seguridad del Occidente, en Puente Grande.
El mismo juzgador también dictó auto de formal prisión contra Jesús Dimas Contreras Sánchez, escolta de Carrillo Fuentes, por lo que hace a los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos reservados para uso exclusivo de las fuerzas armadas.
El delito de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas no es grave, por lo que a los presuntos inculpados se les otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron las garantías que debían exhibir para ese efecto, sin que se hayan otorgado las cantidades que se le fijaron para ese efecto hasta el momento.
La PGR dio cumplimiento dos órdenes de aprehensión, una girada por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud; y el juzgado Sexto, en esa misma ciudad, solicitó la aprehensión por delincuencia organizada. Vicente Carrillo es hermano del extinto capo Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de Los Cielos’, y fue detenido el 9 de octubre en Torreón.
Se sabe que asumió el mando del cártel de Juárez en 1997, tras la muerte de su hermano Amado. En México, la Procuraduría General de la República ofrecía desde marzo de 2009 una recompensa de 30 millones de pesos, mientras que Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares.
Información: Milenio
