Ciudad de México.- Con 19 votos a favor la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma a la Ley General de Educación, cuyo fin es el de revalidar los estudios a los jóvenes mexicanos, ‘dreamers’, que sean deportados o regresen a México a causa de las políticas de Trump.
Durante la votación en lo general, sólo una diputada de Morena, Elena Aceves Pastrana, se manifestó en contra del dictamen. De acuerdo con ella, la reforma al artículo 14 fracción III de la ley abre la puerta a los particulares y propicia la privatización de la educación superior.
«El Estado mexicano pone en riesgo sus atribuciones y potencia la mercantilización de los servicios educativos en detrimento de la calidad y la relajación de los estándares educativos», señaló Aceves Pastrana, quien votó en contra de la reforma.
Por su parte, la titular de la Comisión, Hortensia Aragón y el diputado Francisco Martínez Neri, ambos perredistas, manifestaron sus abstenciones en la votación general.
Sin embargo, Aragón destacó que la reforma obedece al principio de transparencia, pues el Sistema Nacional de Información registrará y hará de conocimiento público el nombre de las escuelas que revaliden estudios y los niveles en que lo hagan.
«La revalidación ya no es un asunto entre la institución y el estudiante, sino de conocimiento público», informó la diputada.
Además, explicó que la iniciativa consigue que los estudiantes sin acta de nacimiento y boleta tengan la posibilidad de inscribirse a la escuela. «Ahora lo primero es el derecho a la educación», declaró.
Finalmente, la presidenta de la comisión explicó que la reforma no sólo beneficia a los niños y jóvenes deportados, sino que resulta conveniente para los alumnos que deban cambiarse de escuela por «origen étnico, preferencia sexual o cualquier otro motivo que el artículo 1° de la Constitución establece como factor de discriminación».
Por su parte, el diputado Martínez Neri expuso que el artículo 3° transitorio de la reforma a la Ley General de Educación no contempla mejores formas de financiar el gasto que la medida ocasionará en materia de educación.
Con información de Milenio.
