Foto: Twitter / @Mx_DiputadosMÉXICO.- En su primera sesión del periodo ordinario, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, para regular estas dos figuras, así como el trámite para enjuiciar al Presidente de la República.
«Se trata de regular el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al Presidente, cuando, en el ejercicio de su función, incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana», dijo el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, Morena.
El Presidente de la República podrá ser imputado por estos delitos, previa solicitud del Ministerio Público ante la Cámara de Diputados, la cual se constituirá en órgano de acusación y, en caso de encontrarse culpable, el dictamen se turnará al Senado para erigirse en Jurado de Sentencia.
El bloque opositor del PAN, PRI, PRD, incluido Movimiento Ciudadano, presentó cuatro mociones suspensivas contra esta iniciativa de Morena, heredada de la pasada Legislatura, a la que se pidió la dispensa de todos los trámites y su urgente resolución, pero fueron rechazadas. Y reclamó:
«Quieren imponer a los congresos locales lo que su mayoría decida violentando la autonomía de los estados, pretenden que el juicio político y la declaración de procedencia se inicien con datos o indicios como elementos de prueba y esto vulnera principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos».
Y es que, dijeron, en materia de declaración de procedencia o retiro del fuero constitucional contra un servidor público, como gobernadores, diputados o magistrados locales, la resolución de la Cámara de Diputados se remitirá a las legislaturas locales para que procedan conforme al decreto emitido.
«Esta ley retoma figuras procesales antiguas que ya no tienen cabida en el sistema de justicia mexicano, es una ley mediocre e inútil que tiene un espíritu de venganza en contra de los estados que no se han dejado intimidar por ese centralismo que tanto daño le ha hecho al país y al que el Presidente y su mayoría nos quieren condenar», dijo la diputada Annia Sarahí Gómez, PAN.
El bloque mayoritario respondió y recordó el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y del Congreso local, que rechazó su desafuero.
«Lo que causó que Cabeza de Vaca pudiera librarse de un juicio político por una determinación de un Congreso local que, fast track, decidió no solamente que no había procedencia, sino que se rehusó siquiera a analizar los delitos por los que era acusado», señaló la diputada Lilia Aguilar, PT.
La nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fue aprobada en lo general por 273 votos a favor de Morena y los partidos del Trabajo y Verde, contra 220 votos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
Se hicieron 60 reservas de los 58 artículos de la nueva Ley y se inscribieron 40 oradores para discutirlas en lo particular.
Solo se aprobó una, para que las sesiones de Jurado de Procedencia o de Sentencia sean de carácter presencial, y para el caso de acusaciones contra el Presidente de la República, deberán ser aprobadas por mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes y no por mayoría simple, así como de los senadores.
En el caso del juicio político, se sancionará al servidor público con destitución y se podrá inhabilitar desde diez hasta treinta años en el servicio público.
Después de 9 horas de debate, a las 6:40 de la mañana quedaron aprobados la nueva Ley de Juicio Político y el Reglamento que aplicarán los diputados en situaciones de emergencia y de contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias presenciales y semipresenciales.
Con información de Noticieros Televisa
