Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará este jueves la minuta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la que se busca establecer que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.
El proyecto de decreto se dispensará de la discusión en comisiones, ya que aún no están instaladas, y de aprobarse, pasará directamente al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Así, se convertirá en el primer dictamen que emane de los legisladores de Morena en el Congreso.
La minuta enviada por el Senado de la República en 2011 quedó congelada ocho años. La misma regulará los artículos 75 y 127 de la Constitución Política también establece que solamente en cuatro condiciones se podrá igualar o superar el sueldo del Jefe del Ejecutivo Federal.
Estas incluyen que el servidor público que se exima de esta normativa tendrá que comprobar que desempeña varios puestos de trabajo en la Administración Pública Federal, o que el contrato colectivo y las condiciones del trabajo lo requieran, igual si realiza un trabajo técnico calificado o de alta especialización.
La legislación también busca adicionar el capítulo V Bis al título décimo del libro segundo del Código Penal Federal para que quienes reciban más ingresos que lo establecido para el Presidente, sin poder comprobar alguna excepción, además de incurrir en responsabilidad administrativa y política, se le considere culpable del delito de remuneración ilícita.
Este martes, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante el Pleno de San Lázaro una iniciativa que pretende alcanzar a esta minuta que sacó Morena de la congeladora desde el primer día de sesiones ordinarias de la LXIV Legislatura.
La iniciativa presentada por la diputada priista Soraya Pérez Munguía especifica que “la remuneración que corresponda al titular del Poder Ejecutivo Federal, en ningún caso podrá ser excedida por ningún servidor público de cualquiera de las entidades públicas”. Pero no contempla como un delito penal el desacato de la ley.
Con información de El Universal.
