Foto: MUNDO.- Luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos anulando el derecho al aborto, el debate se trasladó a tribunales del país el lunes, mientras activistas antiaborto trataban de implementar rápidamente prohibiciones y sus oponentes intentaban postergar la aplicación de la medida.
La decisión tomada el viernes por la Corte Suprema provocó el inicio de una enorme serie de batallas legales de parte y parte.
Muchos de los casos judiciales girarán en torno a «leyes gatillo», es decir, aquellas adoptadas en 13 estados en anticipación del fallo de la Corte Suprema de tal manera que pudiesen entrar en vigencia inmediatamente.
Las demandas podrían también derivar en la aprobación de antiguas leyes que, mientras era protegido el derecho al aborto, permanecían sin ser implementadas, así como restricciones a la interrupción del embarazo que estaban en pausa hasta que la Corte Suprema se expresara sobre el tema.
«Iremos a tribunales mañana, y al día siguiente, y al siguiente también», expresó a reporteros Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos.
El lunes, un juez en Florida consideraba un pedido de activistas a favor de derechos de la mujer de bloquear una ley estatal que, con ciertas excepciones, prohíbe todo aborto después de las 15 semanas de embarazo y que entrará en vigor el 1 de julio. Planned Parenthood Association of Utah ya entabló una demanda en ese estado. La Unión Americana de Derechos Civiles en Arizona, junto con un grupo pro-derechos de la mujer, presentó una moción de emergencia el sábado pidiendo bloquear una ley de 2021 que, temen, podría ser usada para ilegalizar todos los abortos.
Brigitte Amiri, subdirectora del Proyecto de Libertades Reproductivas de la Unión Americana de Derechos Civiles, dijo que la organización está estudiando «todas las opciones» a fin de proteger el derecho de una mujer de decidir sobre su embarazo. A partir del sábado cesaron todos los servicios de aborto en por lo menos 11 estados, ya sea por leyes locales o por la confusión reinante.
En algunos casos, las demandas podrían no ser más que un intento de postergar la aplicación de las nuevas normas. Aun si los tribunales bloquean algunas restricciones, los legisladores en estados conservadores podrían eventualmente modificar términos para rectificar cualquier falla percibida.
Las demandas contra las «leyes gatillo» podrían argumentar que no están dadas las condiciones para aplicar las restricciones, o que es inapropiado que una legislatura previa apruebe leyes obligando a la legislatura actual a atenerse a ella.
Laura Herner, profesora en la Escuela de Derecho Mitchell Hamline en St. Paul, Minnesota, dijo que las demandas también podrían argumentar que faltan condiciones de igualdad de protección, o que una ley no incluye excepciones claras para proteger la salud o la vida de la madre.
Con información de AP
