El PRI prepara reformas a Ley de Fiscalización

Guadalajara, Jalisco.- El diputado Juan Manuel Alatorre Franco presentará una iniciativa el próximo 24 de agosto para crear una nueva ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco. Entre las reformas más llamativas se encuentra la posibilidad de «perderle la confianza» al auditor para que pueda ser expulsado u obviado en el proceso de auditoría de las cuentas públicas.

Sin mostrar el documento que presentará ante el pleno para llevarlo a comisiones, el legislador destaca seis causales para perderle la confianza al auditor, luego de que Alonso Godoy Pelayo, actual encargado de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), ha cometido supuestas irregularidades en la compra y manejo de los recursos.

Alatorre Franco señaló que se retomó la idea planteada por el G9, en la que señalaban la «pérdida de confianza» como causal para cesar al auditor. Ahora, «nos vamos más allá, porque podemos medir seis causales de pérdida de confianza».

Estas son: cuando el auditor tenga irregularidades en su propia cuenta pública; reprobar las evaluaciones de desempeño de gestión en dos ocasiones consecutivas; dejar sin causa ni financiamiento de sanciones cuando sí haya motivos contra responsables de anomalías; aceptar la injerencia de terceros y conducirse con parcialidad en las auditorias; por no observar el código de ética de la ASEJ y por no acatar las resoluciones de los recursos de revisión que plantee el Congreso del Estado.

Además, el reglamento interno de la ASEJ deberá de ser  aprobado por el pleno del Congreso del Estado.

Buscan quitar poder al auditor

Las reformas planteadas por el diputado Alatorre contemplan la posibilidad de que el auditor ya no revise por segunda ocasión las cuentas públicas, sino que el pleno del Congreso deberá de pedir cuentas a la Unidad de Vigilancia que opera dentro de la comisión que lleva el mismo nombre.

Cualquier Cuenta Pública deberá de resolverse en seis meses y no en nueve, como actualmente lo contempla la Ley vigente. En el caso de las auditorías a la propia ASEJ, las llevará a cabo la Unidad de Vigilancia.

Se plantea que la Comisión de Vigilancia no sea presidida por el grupo parlamentario con mayoría en el Congreso, lo que ocasionaría una nueva forma de operar dentro del poder legislativo. Ya que actualmente la comisión es presidida por quien puede votar con mayoría simple en el pleno.

Además, se introduce la figura de las auditorias especiales cuando existan indicios o denuncias fundadas y motivadas en relación a la ejecución de los recursos públicos u otorgamiento de derechos a favor de particulares.

«Las cuentas públicas dejan de ser objeto partidista, en la presente ley se señala el cargo de créditos fiscales a las personas que ejecuten u omitan sus acciones, no sólo a los encargados de los entes obligados».

De aprobarse la nueva ley, cualquier persona que presente fundamentos legales de supuestas irregularidades, podrá solicitar una auditoría y las sanciones correspondientes, una vez que el trámite haya sido avalado por los diputados.

Fuente: El Informador

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