Tabasco. – El Congreso de Tabasco comenzó la discusión de una reforma al Código Penal de esta entidad, en donde se busca castigar hasta con 20 de prisión a quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas o privadas. Se anotaron 10 legisladores para hablar a favor o en contra del dictamen.
Desde muy temprano de este lunes, llegó hasta el recinto legislativo el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien se reunió con integrantes de diversas bancadas para explicarles los alcances de esta iniciativa propuesta por el gobernador Adán Augusto López Hernández, insistiendo que se trata de una ley que va en contra de los extorsionadores y no en contra de los ciudadanos.
Posteriormente dio inicio la sesión de este periodo extraordinario de sesiones y lleva más de una hora la discusión de dicha iniciativa, siendo la bancada del PRI y algunos legisladores del PRD quienes se oponen a que sea aprobada.
La modificación señala en el Artículo 196, que “se impondrá prisión de diez a veinte años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona”.
Se advierte que en caso de que el delito sea cometido por un funcionario o ex funcionario, se le aplicará una inhabilitación de 10 años para desempeñar algún empleo o actividad en la administración pública.
El artículo 196 Bis, que es de nueva creación establece que: “Al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de seis años a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA”.
Además se agrega que las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras.
Más adelante en artículo 299 se protege también a las dependencias estatales y presidencias municipales, al quedar establecido que: “Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis años a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA”.
La discusión del dictamen aún continúa y algunas personas que acuden a la sesión también se han manifestado en contra de esta reforma.
Con información de El Universal
