Exoneran a Capufe por cambio de IAVE

México, DF.-La Secretaría de la Función Pública (SFP) no halló irregularidad alguna en Caminos y Puentes Federales (Capufe), tras el escándalo suscitado el año pasado por la licitación de las tarjetas de peaje en las autopistas del país.

El portal web ElUniversal.com publica hoy, “Del análisis a la documentación proporcionada por Capufe se concluye que el procedimiento de la licitación pública para la contratación del proveedor del sistema de telepeaje cumplió los términos y condiciones establecidos en la convocatoria”, señala la resolución emitida el 14 de enero pasado.

El escándalo se desató por el cambio de empresa responsable del sistema de peaje en las autopistas del país, pues la testigo social de la licitación, Mónica María del Rosario BarreraRivera, denunció 14 irregularidades presuntamente cometidas.

Según la testigo social, el licitante ganador no tenía capacidad para afrontar las necesidades para el sistema, presentó personal de otra empresa como propio, usó certificaciones ajenas como suyas, presentó documentos en inglés cuando la licitación estipuló su traducción al español, y ofreció precios unitarios distintos para servicios iguales.

Además, presentó cotizaciones por encima del monto asignado a partidas del erario, cotizaciones sin desglose de IVA, errores aritméticos en la evaluación técnica, desigualdad en la evaluación de la experiencia, desigualdad en la evaluación de cumplimiento de contratos, uso de documentación presuntamente falsa, supuesto adeudo fiscal, y “se privilegió una propuesta poco atractiva económicamente”.

De acuerdo con la resolución de la Función Pública, cuya copia posee EL UNIVERSAL, “del análisis de la documentación localizada en el expediente de contratación, que abarca desde la investigación de mercado hasta la firma del contrato, contrastada con las observaciones señaladas en los informes previos y el testimonio final de la testigo social, se advierte que no se encontró evidencia documental que confirme el pronunciamiento de la testigo social, cuyos argumentos refieren juicios de valor y apreciaciones personales”.

Agrega la resolución: “Con respecto a las 14 observaciones determinadas por la testigo social (Mónica Barrera) se comprobó que fueron infundadas, debido a que en los expedientes de los licitantes se localiza la evidencia documental para desvirtuar dichas aseveraciones”.

El contrato de licitación para la administración de la gestión de cobro, contratación de usuarios, comercialización, suministro de TAG, con vigencia del 30 de abril de 2014 al 31 de julio de 2018, fue por tres mil 624 millones 716 mil 600 pesos.

Negocio

El sistema de peaje en las autopistas es un negocio de más 300 millones de pesos y estaba controlado por 1+D y por BBVA-Bancomer, casi en 50% cada uno.

Al lanzarse la licitación en el primer trimestre de 2013 se presentaron seis a la puja y resultaron ganadoras en mayo de 2014 Impulsora Terrestre, Cointer Concesiones, Azvi Cointer de México e Integra Ingeniería.

La migración de las empresas sería el 1 de agosto pasado, pero falló. Los usuarios se quedaron sin poder usar sus tarjetas electrónicas, justo en periodo vacacional, lo que generó una crisis.

El 6 de agosto el diputado del PAN, Juan Pablo Adame, exigió que la Secretaría de la Función Pública investigara de forma exhaustiva el proceso de licitación pública del servicio de telepeaje IAVE, para descartar o documentar que la adjudicación haya sido discrecional y alejada de la ley.

Ese mismo día, la Función Pública abrió el expediente sobre el caso que concluyó esta semana.

Fábrica de exoneraciones

El 10 de junio de 2014, Julián Olivas, subsecretario de la Función Pública y encargado del despacho, negó en entrevista que la dependencia a su cargo se haya convertido en una “fábrica de exoneraciones”.

Este diario documento cómo Alejandra Sota, vocera del ex presidente Felipe Calderón, yFrancisco Gerardo Martínez Pastelín, fueron exonerados por la SFP tras señalamientos de presuntos actos de corrupción.

También se le recordó que Raúl Muñoz Leos, ex director de Pemex, logró revertir, tras un litigio de casi ocho años, la multa más alta en la historia, por 862 millones de pesos.

De acuerdo con una solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), del 1 de diciembre de 2006 al 30 de julio de 2012 recuperó apenas 76 millones 248 mil 528 pesos por sanciones económicas y multas administrativas impuestas por la SFP a empresas privadas por actos de corrupción en contrataciones con el gobierno federal.

Fuente: El Universal

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