Expone IMCO baja transparencia en congresos estatales

Ciudad de México. – Mil 925 millones de pesos en ayudas sociales gastaron los Congresos de 25 estados, en 2017. Dinero que se ejerció sin transparentar, por lo que se desconoce en qué fue utilizado, revela un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

No tenemos información de quiénes fueron los beneficiarios, qué tipo de beneficio obtuvieron. Si fue una entrega de dinero en efectivo o entrega en material, o fue la construcción de una obra pública en el distrito del legislador”, explicó Ramiro Suárez, investigador del IMCO.

Las ayudas sociales que entregan los diputados son gastos que no corresponden a la labor del Poder Legislativo, lo que convierte a los Congresos en “sedesoles legislativas”, asegura el IMCO.

En 2017, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el Congreso del Estado de México fueron los que más gastaron en ayudas sociales: 531 millones de pesos. Es decir, más de lo que ejercieron en el mismo rubro los gobiernos de Tlaxcala, San Luis Potosí, Aguascalientes, Baja California y Nayarit, no los Congresos sino los gobiernos completos.

Los legisladores están para presentar iniciativas de ley, votarlas, ser el contrapeso al gobernador del estado y no entregar apoyos económicos con propósitos sociales a la gente”, añadió Ramiro Suárez, investigador del IMCO.

El Congreso de Quintana Roo es de lo que más ha aumentado el gasto en ayudas sociales. En esa entidad se detectó que se han entregado apoyos fantasma.

Cecilia Sánchez Oláis, habitante de Playa del Carmen, aparece en la lista de beneficiarios de ayudas económicas que entrega el Poder Legislativo de esa entidad, pero ella afirma que jamás pidió ni recibió el recurso.

Explica que se enteró de casualidad, al buscar en internet un poema que escribió en 2009 y que ganó un concurso.

Lo quise buscar con mi nombre, apareció el poema y todo, pero también apareció una lista que decía Congreso del estado de Quintana Roo y aparecía mi nombre con un concepto de una ayuda que de un hospedaje, pero digo, si yo nunca voy a ninguna parte. De hecho, mi vida social en Playa del Carmen pues no tengo. Entonces fue de que no se relacionaba con nada”, manifestó Cecilia Sánchez, habitante de Playa del Carmen.

El diputado Juan Carlos Pereyra, quien coordinó en Quintana Roo la campaña presidencial de Ricardo Anaya y ahora se asume independiente, fue quien presuntamente entregó dicha ayuda, según una denuncia presentada ante la fiscalía del estado.

El presidente de la gran comisión del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila, señaló que el uso del dinero de las ayudas sociales es responsabilidad de cada legislador.

Estamos disponibles ante la autoridad investigadora para que realice las pesquisas o la investigación que deba hacer y sea la autoridad quien pueda determinar si ese apoyo no fue entregado, quién no lo entregó, digamos, quién falseó información. Si fue el ciudadano o fue alguno de los colaboradores, en este caso, de los diputados o incluso si fue el mismo diputado”, sentenció Eduardo Martínez Arcila, presidente de la gran comisión del Congreso de Quintana Roo.

En Quintana Roo, el gasto oficial reportado por el Congreso en ayudas sociales no coincide con las versiones de los legisladores.

El presidente de la gran comisión, Eduardo Martínez Arcila, dijo que el recurso para ayudas sociales es de 35 mil pesos al mes. Cifra que multiplicada por doce meses y por los 25 legisladores que componen el Congreso local llega a 10 millones 500 mil pesos en un año.

En 2017, que es el primer año que nosotros estuvimos completo en esta legislatura, fueron 42 millones”, agregó Eduardo Martínez Arcila.

Pero el informe 2017 del Congreso señala que fueron 87 millones 54 mil pesos. Es decir, el doble de lo que dijo el diputado Martínez Arcila.

El legislador justificó que la diferencia de recursos se debe a las ampliaciones de gestión de cada diputado.

Otro gasto que no coincide es el ejercido en el último trimestre de 2016, cuando empezó la actual legislatura.

A raíz de la denuncia penal interpuesta por la organización “Somos tus ojos”, por un presunto desvío de recursos en el Congreso, la Auditoría Superior del estado reportó a la fiscalía de Quintana Roo que en esos 3 meses se gastaron dos millones 399 mil pesos, cantidad superior a la autorizada.

Sin embargo, un informe entregado por el Congreso vía Transparencia, revela que fueron 23 millones, es decir, hay un faltante de 20 millones en la cuenta reportada a la Auditoría Superior del estado.

Los legisladores quintanarroenses rechazan que haya opacidad en ese gasto. Defienden la entrega de las ayudas sociales ya que en su mayoría son para cuestiones médicas, de educación y hospedaje. Niegan que ese dinero se utilice con fines electorales.

Para evitar que haya Congresos ricos y pueblo pobre, el IMCO propone que los gobernadores promuevan controversias constitucionales para que dejen de existir las “sedesoles legislativas”.

Con información de Noticieros Televisa

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