Foto: Twitter / @fgymexicoMÉXICO.- La Fiscalía General de la República procedió penalmente contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por presuntamente haber sido omiso en garantizar las condiciones de seguridad en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes.
La dependencia federal informó esta noche que la imputación fue presentada ante un juez contra Garduño y otro mando del INM por el delito de ejercicio indebido del servicio público, sancionado con uno a tres años de prisión.
«Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco «N» y Antonio «N», quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal)», señaló.
Añadió que también judicializó la carpeta de investigación contra otros cuatro servidores públicos a los que sólo identificó como Salvador «N», Juan «N», Cecilia «N» y Eduardo «N», quienes presumiblemente están vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y lesiones en la estación migratoria.
En el caso de Garduño, la FGR no precisó si procedió penalmente con una solicitud de orden de aprehensión o con la petición ante un juez de control para que gire un citatorio al funcionario y asista a una audiencia de imputación y vinculación a proceso.
El delito que le imputan establece la sanción al funcionario que, teniendo la obligación por su cargo, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares e instalaciones u objetos, incumpla con su deber y su omisión propicie daño.
Esta conducta no prevé la prisión preventiva de oficio y en caso de ser condenado a la pena máxima, el castigo puede ser conmutable, por lo que difícilmente Garduño pisará una prisión con los hechos que le atribuyen.
La FGR dijo que procedió contra el director del INM porque en la investigación llegó a la conclusión que sus omisiones en el cuidado de las estaciones migratorias no son aisladas y tienen incluso un patrón de repetición, pues en Tabasco ocurrió algo similar a lo sucedido en Juárez.
«En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos», puntualizó.
«Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados».
La Fiscalía dijo que desde la noche del 27 de marzo, inició la investigación de los delitos cometidos en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En su primer ejercicio de la acción penal, obtuvo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas, 3 de ellos funcionarios del INM, uno integrante de la empresa de seguridad privada CAMSA y un migrante venezolano que inició el fuego que derivó en el incendio. Todos ellos están presos.
A partir de lo anterior, la Fiscalía obtuvo pruebas que le permitieron continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa referida.
Debido a que el INM es un organismo cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional, la FGR lleva dos líneas de investigación paralelas: la primera, contra miembros de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, contra la empresa de seguridad privada.
Detecta FGR contratos inflados
La FGR también informó que investigó a la empresa de seguridad privada CAMSA, que daba servicio de vigilancia en la estación migratoria de Juárez, y descubrió que el INM le otorgó contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y «generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios».
«También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados», indicó la Fiscalía.
«Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos».
Con información de Reforma
