Foto: Twitter / @fgymexicoMÉXICO.- El máximo responsable de la agencia migratoria mexicana fue acusado formalmente el martes por ejercicio ilícito del servicio público y omisión en sus obligaciones que llevaron a la muerte de 40 migrantes durante el incendio de mes pasado en un centro de detención ubicado en el norte del país. Uno de sus directores generales fue vinculado a proceso por el mismo delito.
Durante la audiencia de formulación de cargos contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño, la Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditan que tenía entre sus funciones salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados.
Argumentos similares se presentaron en la audiencia de uno de sus subalternos, Antonio Molina, director general encargado de los procesos de verificación migratoria, quien fue vinculado el martes a proceso por el mismo delito.
Uno de los argumentos es que en julio de 2022 ambos acusados recibieron fotografías de la ampliación de las instalaciones, en las que se constataba que el centro no contaba con las medidas básicas de seguridad como ventilación adecuada y zonas enrejadas, pero ninguno hizo nada.
Molina era garante de la seguridad y protección civil, según la fiscalía. Garduño tenía la facultad de ordenar su cierre o revisión.
El procesamiento a Molina fue recibido con preocupación por la defensa de los altos funcionarios, quienes consideraron que los argumentos jurídicos del juez no fueron «poco sostenibles», indicó el abogado José Ariel Morales. El abogado no descarto que esa decisión «puede influir para mal» en el caso de Garduño porque probablemente se utilizarán argumentos similares, a pesar de que se trata de otro juez.
Ambos directivos están obligarse a presentarse periódicamente ante los tribunales para firmar y, además, el juez le prohibió a Molina salir del país sin autorización.
El Ministerio Público aspiraba a que Garduño fuera retirado del cargo por el «peligro latente» que podía suponer para la comunidad migrante en México pero el juez se negó.
Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, del otro lado de la frontera con Estados Unidos.
Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego una colchoneta en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio donde 68 hombres estaban encerrados sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad.
La fiscal del caso alegó que había un video en el que se veía que los guardias de seguridad pidieron permiso a los agentes de Migración para permitir la salida de los migrantes tras el incendio y éstos se lo negaron.
Varios bomberos, cuyos testimonios se dieron a conocer durante la audiencia de Garduño, declararon que llegaron al lugar porque vieron el humo, no porque alguien les avisara. Tampoco fueron informados de que había personas dentro y fueron encontrándose los cuerpos una vez rompieron un muro para entrar, sin saber si estaban vivos o muertos.
Garduño, antiguo responsable del sistema de prisiones de México y quien lideró el endurecimiento de la política migratoria mexicana desde 2019 ante las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump, se ha mantenido en su puesto con el respaldo del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Rodolfo Pérez, abogado del funcionario, dijo que en la audiencia de vinculación a proceso prevista para el domingo demostrarán que el jefe del INM puso en marcha medidas «tendentes a apoyar a los migrantes, a mejorar todas las condiciones de las instancias (migratorias y) a que se cumpla con la normatividad vigente».
La Fiscalía denunció tratos denigrantes en las instalaciones, hacinamiento, falta de agua o cómo algunos grupos de migrantes venezolanos se imponían sobre el resto y les quitaban la comida sin que los guardias hicieran nada.
Según, la acusación, hay constancia de que Garduño recibió copia de documentos en los que se advertían actos de comercio no permitidos en las instalaciones, por ejemplo, de tabaco y otros objetos prohibidos.
Algunos extranjeros declararon, además, cómo algunos trabajadores de las instalaciones migratorias les habían dicho que serían liberados si pagaban 1.000 dólares.
Antes de Molina, el funcionario de más alto rango en ser procesado hasta ahora había sido el militar retirado que era jefe del INM en el estado de Chihuahua, el contralmirante Salvador González. Está acusado de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente inició el fuego.
En varias audiencias quedó constatada la falta de requerimientos contra incendios, la existencia indebida de colchonetas de material muy inflamable, la falta de migrantes registrados y su permanencia en el lugar por varios días, aunque la Corte Suprema consideró inconstitucional antes del incendio detener a los migrantes por más de 36 horas.
Además, la Fiscalía ha encontrado faltas en el INM que «indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado» durante años.
Según la defensa de Garduño, quienes fallaron el día de los hechos no fueron los funcionarios sino la empresa privada contratada por el INM para la seguridad de las instalaciones, explicó a AP Rodolfo Pérez.
Sin embargo, los fiscales indicaron que en un centro de monitoreo de la capital donde llegaban imágenes de las 16 cámaras que había en Ciudad Juárez se constaron irregularidades con la empresa de seguridad y Garduño no actuó para corregirlas.
Según videos de cámaras de seguridad que pudo revisar AP, miembros de esa compañía se encargaron de abrir y cerrar la celda donde tuvo lugar el incendio horas antes del fuego. Luego se perdió la pista a las llaves. Las mujeres sí fueron liberadas y puestas a salvo.
La arremetida judicial contra la agencia migratoria tiene lugar en medio de un creciente flujo migratorio y a pocas semanas de que el gobierno de Estados Unidos cambie su forma de gestionar migrantes en la frontera con México.
Coincide, además, con el avance a pie por el sur de México de un grupo de varios miles de migrantes que exigen a México que cierre sus centros de detención así como documentos para transitar libremente por el país.
El martes, un grupo de siete personas se cosió los labios en protesta por la falta de respuesta del gobierno a su petición de diálogo. «Ninguno de los que estamos aquí queremos ser la muerte número 41″, indicó uno de ellos, el activista Irineo Múgica.
Con información de AP
