San José, Costa Rica.- Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano acepta su responsabilidad en el caso Atenco pero niega que hayan ocurrido en un contexto de tortura generalizada.
El subsecretario para asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, defendió la postura del gobierno mexicano con la resolución que es su momento emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el operativo del 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco.
«La decisión de emplear la fuerza del Estado en los hechos investigados se estima justificada legalmente debido a que se actuó debido a la resolución sobre la reubicación de comerciantes, y después para restablecer el estado de derecho con motivo de que los inconformes habían bloqueado una carretera y agredido a los elementos policiales con piedras, machetes, y bombas molotov de fabricación casera» concluyó el funcionario citando el resolutivo final de la Corte emitido en 2007.
Las once mujeres que acusan tortura sexual, ante los operativos miraban al funcionario, mientras él comentaba que no existieron órdenes explícitas de violar los derechos humanos. No obstante insistió en reconocer como «excesos» las violaciones a las garantías individuales.
La abogada del centro de Derechos Humanos, Araceli Olivos solicitó a la Corte que ordene una investigación sólida y que se les reconozca que lejos de ser delincuentes, son mujeres que han sobrevivido a las violaciones de los derechos humanos cometidas por todas las órdenes del gobierno.
Las once mujeres piden «verdad, justicia y no repetición«.
Con información de Milenio.com
