Ciudad de México. – El edificio tiene dos torres de vigilancia con policías armados del Estado de México. Para ingresar, los niños migrantes pasan una puerta enrejada y un arco detector de metales. A partir de allí, estarán encerrados e incomunicados. Se les asignará una de las habitaciones con literas de cemento y colchoneta, de las que muchos salen con infecciones de chinches, ronchas, diarrea y anginas. Algunos dormirán en los pasillos, hacinados entre cientos más que vienen desde Centroamérica, Asia y África cargando un pasado de violencia, privaciones y trauma. Podrán ver a sus papás tres veces por semana por quince minutos. Tres comidas al día, un patio y un televisor serán su mundo por los siguientes días o meses.
Esas son las condiciones de la estación migratoria en Iztapalapa (sur oriente de Ciudad de México) donde son alojados los menores, según las descripciones de los migrantes que han estado allí e informes de ONG. La estación comparte con otros albergues del país un historial de denuncias por hacinamiento y trato inhumano. Sin embargo, continúa alojando a los menores que son detenidos en México, más de 33.100 en 2019, bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha reforzado el control migratorio tras el acuerdo firmado en junio con Estados Unidos.
Dos familias venezolanas que estuvieron 23 días detenidas en Iztapalapa relatan a EL PAÍS que el encierro, los horarios restringidos y el maltrato los hicieron sentir que habían caído “en una cárcel”. Su delito: presentarse con sus pasaportes ante las autoridades mexicanas para pedir asilo. Como en Estados Unidos, las familias fueron separadas en el centro ya que los albergues tienen diferentes áreas para mujeres con niños, adolescentes y hombres. “Lloramos como nunca”, recuerda Carlos, uno de los migrantes que piden resguardar su identidad por seguridad. Durante un mes, vio a sus hijos unos minutos los lunes, miércoles y viernes. Aunque lo más impactante fueron las deficientes condiciones sanitarias. Había cuatro médicos en rotación para más de 400 personas. “La negligencia es altísima y te tratan mal”, dice Alejandra, una de las madres. Su bebé, un torbellino de ojos pequeños y pelo rizado, perdió tres kilos y padeció cinco días de fiebre sin recibir la asistencia y comida adecuada, asegura.
Lo que relatan las familias ha sido documentado. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) constató en una visita en junio que la estación en Iztapalapa no cumple con las recomendaciones de higiene, alimentación, atención médica y seguridad emitidas en 2018 para prevenir la tortura y el maltrato.
Allí mismo estuvo alojada la niña guatemalteca de 10 años que falleció el 15 de mayo. La tragedia mostró un nuevo paralelismo entre la política mexicana y la del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, donde cinco menores migrantes han muerto en centros de detención. La Secretaría de Gobernación de México informó que la causa del deceso de la niña guatemalteca fue “el golpe” que sufrió al caerse de su litera en la estación, a donde había sido trasladada junto a su madre desde la frontera norte. Las madres venezolanas, que aseguran dormían en una habitación contigua, creen podría haber sido salvada.
“Como a las cuatro de la tarde se cayó la niña. Fue al médico con mucho dolor: lloraba y lloraba y se agarraba las costillas. Le dijo que tenía gastritis y le dio una pastilla. Fue otras tres veces (…) como a las nueve de la noche, entramos a su habitación y vemos que está agonizando, volteaba los ojos, no tenía color en su piel, su rostro. Todas empezamos a pedir que la lleven a un hospital, y la sacaron en una colchoneta”, cuenta Alejandra. Días después, habrían puesto barrotes en las literas. “Es injusto que quede como que se murió y ya”. El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que no realizará comentarios por ser tratarse de una investigación abierta.
Las condiciones inhumanas de detención no ocurren solo en Iztapalapa sino también en otra decena de estaciones en el país, según han documentado ONG y defensores de migrantes. La Misión de Observación de los Derechos Humanos para los Refugiados del Sureste de México, formada por 24 grupos, indica que la falta de higiene en los albergues del Estado sureño de Chiapas provoca padecimientos físicos y mentales a los migrantes. La crisis se habría agravado con el récord de detenciones alcanzado después de que México se comprometió a frenar el flujo migratorio y con el incremento de la migración de niños centroamericanos en 132 % en el primer semestre de 2019 en comparación con 2018, según el INM. Margarita Griesbach, defensora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), explica que los niños están desatendidos por el colapso de las instituciones, pero también por la ausencia de planificación y de recursos.
Más de 13.200 menores de 11 años y 9.040 adolescentes —solos y acompañados— fueron detenidos hasta mayo de 2019 en México de acuerdo al Gobierno federal. Esta privación de la libertad ha sido cuestionada por el Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas dado que leyes nacionales y tratados internacionales ordenan buscar alternativas. Las estaciones no están preparadas para sus necesidades específicas, agrega, y hay denuncias de extorsiones y abusos por parte de agentes oficiales.
La mayoría de los niños han huido con su familia de la violencia y la pobreza en Honduras, Guatemala y El Salvador. Al llegar a México, para algunos siguen los abusos por parte de los coyotes y de las autoridades tanto en la detención como en el traslado y permanencia en las estaciones. Esta secuencia hace que los migrantes padezcan cuadros de depresión, estrés y trastornos de ansiedad, señala Ruth González, psicóloga del refugio Casa Mambré de Scalabrinianas Misión. Los niños manifiestan el trauma con llantos, irritabilidad, pesadillas, necesidad de contención y reacciones violentas. Muchos sufren regresiones como la ausencia del habla o pierden el control de sus esfínteres. “En el respeto a los derechos de los niños, México se queda corto”, dice González.
Con información de El País
