Morelia, Michoacán.- El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, consideró que la información dada a conocer por la PGR sobre el hallazgo de restos humanos que presuntamente corresponden a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, describe un horror que nunca debió acontecer, que jamás se debe repetir y que plantea una amplia reforma de Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia.
“Esto no puede seguir aconteciendo en nuestro país, nunca debió pasar, sucedió porque se permitió la operación del crimen organizado y de los grupos del narcotráfico en la región, lo que se convirtió en un fenómeno de narcopolítica, al ser infiltradas las policías locales y las propias autoridades municipales, no solo de Iguala y Cocula, sino también de otros 17 municipios ubicados en Tierra Caliente”, añadió.
El diputado recordó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero remitió a la SEIDO el 3 de julio de 2013, la Averiguación Previa HID/SC/01/0758/2013 relacionada con los homicidios de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas Román; y la confesión de Ernesto Pineda Vega, quien involucra en estos hechos al Director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez y al propio Presidente Municipal, José Luis Abarca; vinculándolos a Mario y Rafael Casarrubias, este último apodado El Mochomo, mismo que fue detenido por la PGR posterior a los hechos violentos en Iguala”.
“Si se hubiera hecho la consignación respectiva por parte de la SEIDO y de las autoridades federales a quien corresponde atender los asuntos relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que pasó en Iguala, la desaparición forzada y el supuesto asesinato de los 43 estudiantes, se pudieron haber evitado”, consideró.
“Cuando uno exige que se investigue a la 27 Zona Militar, al destacamento de la Policía Federal, a la Subprocuraduría de la PGR, a la Policía Estatal, entre otras corporaciones, es para que las autoridades determinen si acaso los elementos de estas corporaciones no se daban cuenta de todo lo que venía aconteciendo en la región, de lo que sucedía con las policías de Iguala y Cocula y la infiltración del crimen organizado en las propias presidencias municipales”, precisó.
“Por eso es obligatorio que la investigación no deje ninguna duda, se debe sentar un precedente de justicia a secas para que no haya impunidad, caiga quien caiga, tope donde tope”, insistió.
“Porque después de esto tiene que haber un gran acuerdo que permita construir las bases de una gran reforma del Estado, particularmente en materia de seguridad pública, impartición y procuración de justicia en el que participen las fuerzas económicas, políticas y sociales, gente prestigiada, entre otros; que vayan a fondo en estos cambios y que podamos tener un antes y un después de los acontecimientos de Iguala”, delineó.
“No puede la gente seguir soportando hechos de esta naturaleza, es lamentable y uno se imagina las condiciones en las que están los padres de familia de los muchachos desaparecidos, en la resistencia a creer y aceptar una versión como la que dio la PGR”, explicó.
“Por eso se requiere ir a fondo, hacer lo que se tenga que hacer por parte del Estado mexicano para dar certeza de que lo que se dice y se encontró corresponden efectivamente a los restos de los muchachos, que la gente cuando menos tenga la certeza de que se hizo una investigación objetiva, veraz, verificable por diferentes instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales”, indicó.
“Por eso es tan grave la irresponsabilidad del actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, pretendiendo reelegirse en medio de esta tragedia y por eso no podemos seguir repitiendo la historia de funcionarios tan insensibles e irresponsables al frente de las instituciones de seguridad”, concluyó.
