El abogado penalista, Diego Ruíz Durán, aseguró que las modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y al Código Nacional de Procedimientos Penales, para combatir la corrupción son medidas que no deben tomarse a la ligera tienen que tratarse con el mayor cuidado posible.
Lo anterior surgió a raíz de la propuesta presentada en el senado de la República, sobre las reformas en ambas leyes y en las que se planteara el castigo por hechos de corrupción como un delito penal y no administrativo, tal como lo dicta la ley actual.
“El castigo por actos de corrupción solo se aplica de manera administrativa y la iniciativa en la Cámara alta, propone que se castigue como un asunto penal”, advirtió el especialista en derecho.
Además, Diego Ruíz Durán, recordó que la Constitución establece que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito por lo que es indispensable que se proceda de manera penal en actos de corrupción.
“Este tipo de delitos no deben tener una salida fácil, un procedimiento breve o que les brinde beneficios a los servidores públicos que cometan este ilícito”, remarcó Ruíz Durán.
Cabe destacar que según el Convenio contra la Corrupción firmado en 2015 por la ONU y México, los delitos de corrupción deben ser juzgados a través del derecho penal.
