Ciudad de México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes informó que la línea de investigación sobre el tráfico de drogas entre Iguala y Chicago, puede ayudar a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
«El GIEI considera que esta información relativa a un caso judicial sobre tráfico de drogas entre Iguala y Chicago puede contribuir al esclarecimiento del caso», afirmó Ángela Buitrago, miembro del GIEI.
Los expertos acusaron que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha fragmentado en al menos 12 averiguaciones previas, lo que ha dificultado el esclarecimiento de los hechos.
De igual manera, los expertos acusaron que la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), no les dan acceso a las declaraciones de algunos de los detenidos, entre ellas, las del Gildardo López Astudillo «El Gil», además de que no se ha recibido documentos, ni fotografías del batallón 27 de Iguala, quienes recabaron información el día del ataque.
«Se han realizado distintas detenciones, como la de Gildardo López, que son relevantes para el caso. Sus declaraciones fueron solicitadas por nosotros para el informe y éstas y otras pruebas no están dentro del expediente del caso, sino en averiguaciones abiertas por la SEIDO y a las que no hemos tenido acceso», mencionó Ángela Paz y Paz.
Los expertos informaron que pidieron a la PGR investigar las filtraciones que se han hecho a los medios sobre el caso, ya que éstas son falsas.
«Las filtraciones del caso Ayotzinapa no responden a las verdad que se dice en las declaraciones de los detenidos. Mientras que en los medios se dice que algunos implicados sí han declarado, en realidad se reservaron su derecho a declarar», explicó Paz y Paz.
Además, afirmaron que la quinta versión de que 17 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula «no se sustenta en declaraciones o elementos de convicción», por lo que descartan esa información.
Durante su exposición, Alejandro Valencia detalló que una investigación rápida hubiera evitado mayor sufrimiento a la familia de Julio César Mondragón, quien fue asesinado entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala.
«Se ha alertado a la PGR la necesidad de aportar nuevos elementos de prueba para evitar este tipo de problemas. Es importante resaltar que han aumentado los impactos en las víctimas por el largo proceso de espera para muestras de ADN, lo que ha arrojado sufrimiento a la familia. Este caso muestra el impacto de la burocracia, las excesivas normas procesales y la falta de sensibilidad de las autoridades en dicha práctica. Una respuesta ágil y rápida hubiera evitado sufrimiento a la familia», reiteró.
En su primer informe sobre el caso Iguala, el GIEI rechazó las versiones de la Procuraduría General de la República, las cuales aseguran que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Tras la investigación, los expertos aseguraron que para que los estudiantes fueran incinerados en ese lugar era necesarios 30 mil 100 kilogramos de madera, 13 mil 330 kilogramos de neumáticos y un incendio con 60 horas de duración, características que según las declaraciones de los detenidos no fueron cumplidas.
Meses después, los expertos independientes indicaron que tuvieron acceso a fotografías satelitales que muestran que sí hubo un incendio el 27 de septiembre en Guerrero, pero no en el basurero de Cocula.
Las primeras conclusiones del GIEI contradicen la versión presentada el 27 de enero por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien informó que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, fueron «privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Ésta, es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales».
Fuente: Milenio
