Foto: Google MapsMÉXICO.- El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que los cinco jóvenes que fueron perseguidos por un convoy militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a finales de febrero, fueron ejecutados.
Sin referirse a la indagatoria que también realiza la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que aún falta conocer la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para determinar los hechos.
«Hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento», señaló Encinas, en una versión distinta a la que difundió la Secretaría de la Defensa Nacional, de que hubo una persecución ya que los jóvenes iban armados.
Según las primeras versiones, al escuchar un «estruendo» los militares involucrados accionaron sus armas.
«Pero independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados; no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes», refirió en San Lázaro, a donde acudió para dar detalles sobre una nueva Ley de Memoria.
De acuerdo con los testimonios que se han difundido sobre este episodio en Nuevo Laredo, al salir de un centro nocturno, siete jóvenes se encontraron con el convoy militar y, tras una persecución, cinco de ellos fueron abatidos.
El subsecretario aseguró que la investigación deberá aclarar cómo fue la cadena de mando, si los soldados detenidos obedecieron o no a sus superiores.
Ni verdad única ni de Estado, sino ejercicio colectivo de memoria
Ante violaciones de derechos humanos del pasado, en el proceso de esclarecimiento no habrá verdades únicas, oficiales ni del Estado, sino un ejercicio colectivo de memoria, manifestó el subsecretario de Derechos Humanos ante diputados.
En la explicación del proyecto Ley de Memoria, Encinas señaló que la nueva legislación busca reconocer el derecho a la memoria y a la verdad, y de cómo el Estado debe garantizarlo.
«Es necesario tener una ley de derecho a la memoria y la verdad y de cómo el Estado debe cumplir su responsabilidad, dejando verdades únicas, oficiales, del Estado, para que sea de la sociedad la construcción de la memoria colectiva, para no crear una versión oficial de manera unilateral», manifestó Encinas sobre acontecimientos del pasado, que dieron origen a la Comisión de la Verdad.
Ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que a fines de abril el Ejecutivo federal propondrá la nueva ley para que se creen las condiciones de conocer hechos violatorios de derechos humanos, generar conciencia de ellos, cuidar archivos y generar condiciones de no repetición.
Explicó que eliminando la visión única y unilateral de los hechos, generando el esfuerzo colectivo para desmenuzar acontecimientos, se generan distintas interpretaciones y eso posibilita construir una «memoria colectiva».
«Dejando las memorias oficiales, únicas, reconociendo la diversidad de esos procesos, es parte de la transición democrática del País», expuso.
Dijo que por medio de la ley de las memorias se busca también garantizar el derecho a la verdad y lograr el acceso a la justicia.
«La ley general sobre el derecho a la memoria y la verdad busca establecer como una responsabilidad del Estado garantizar las memorias de la sociedad, del pueblo mexicano, frente a hechos lamentables que se han vivido por violaciones a los derechos humanos.
«Se busca identificar el contexto en el que se desarrollaron los actos de represión, cuáles fueron las responsabilidades del Estado, cuál fue la respuesta de la sociedad. Se trata de construir una memoria colectiva que recoja las experiencias y las memorias de muchos actores».
Recordó que la iniciativa surgió de los trabajos de la Comisión para la verdad y el esclarecimiento de los sucesos que se presentaron entre 1965 y 1990.
Detalló que el derecho a la memoria y a la verdad es un derecho humano de todas las personas para conocer hechos violatorios de derechos humanos en nuestro país.
«Lo más importante es establecer las obligaciones del Estado para garantizar este derecho, el cómo establecer una relación entre justicia, verdad, búsqueda y garantía de no repetición y mostrar cómo el hecho del ejercicio de los derechos de la memoria y la verdad no interfiere con otros derechos, como son la justicia o la búsqueda de las personas», planteó a los legisladores.
Diputados de oposición cuestionaron a Encinas de dónde van a salir los recursos y qué uso se le dará a la información de esclarecimiento de los hechos del pasado.
«¿No habrá cargada política de hechos del pasado, no será explotado para una cargada? ¿Si queremos pluralidad y todas visiones, los mismos acervos y archivos, y se integran, no habrá una explotación política del discurso del pasado?
«¿Cómo podrán garantizar que son neutrales y no habrá cargada política una vez más, que no haya explotación de los sucesos», cuestionó la diputada Gabriela Sodi, del PRD.
El subsecretario Encinas respondió que la «cargada política» no se puede detener.
«No será posible contener la cargada política, se trata de que cada quien dé su propia interpretación, su experiencia de los hechos, generar el debate público y no buscar la verdad oficial, sino construir una memoria, con la suma de todas las memorias, debe ser parte del proceso de construcción de memoria y verdad del país», respondió.
En entrevista, en cuanto al caso Ayotzinapa aseguró que ha habido avances y que se está en un proceso de judicialización, que ya fueron identificados tres estudiantes normalistas y se siguen buscando con vida al resto.
Con información de Reforma
