Juez prohíbe hablar de caso en que empresa quita la vista a decenas de indígenas

Ciudad de México.- El representante legal de los indígenas mayas que perdieron la vista por una mala operación de cataratas patrocinada por la Fundación Cinépolis, dentro de su programa “Del Amor Nace la Vista”, Alejandro Foyo, lamentó la decisión de esta cadena mexicana de exhibición de películas de demandar a Fernando Avilez Tostado por un supuesto daño moral que derivó de que un Juez Civil prohibiera al presidente nacional de la fundación “No Más Negligencias Médicas” volver a mencionar el caso de los adultos mayores, la marca Cinépolis, de su fundación y su programa para mejorar la salud visual de personas de escasos recursos.

“Esta decisión del administrador de justicia no tiene fundamento legal, ya que en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, no existe ningún título que faculte a un Juez prohibir a un ciudadano emitir opiniones, o mencionar alguna marca, ya que en un estado Constitucional, de Derecho y Democrático, este tipo de medidas son restrictivas a la libertad de expresión y, sencillamente no tienen fundamento” explicó el abogado.

Aseguró que el presidente de la fundación “No Más Negligencias Médicas” tiene la posibilidad de impugnar esta medida de un supuesto daño moral que sólo intenta acallar, amedrentar y controlar la información para que no se difunda y, con ello, evitar que los indígenas afectados –dos de ellos perdieron el órgano visual—no tengan acceso a la justicia”.

Consideró que lo que pretende esta cadena de salas de cine es demostrar un “músculo” político y de influencia en el ámbito Judicial para callar a las personas que han demandado la reparación de aquellos que han perdido la vista por el programa “Del Amor Nace la Vista”, patrocinado por la Fundación Cinépolis, dejando a un lado a las víctimas directas que, hasta el momento, no han tenido una reparación del daño y siguen sufriendo, el día a día, con los estragos que dejó esa fallida intervención quirúrgica.

Sobre el avance de la demanda civil en contra de los médicos y propietario del Instituto de Salud Visual (ISVI) en los Juzgados primero, segundo y tercero de Cancún, Quintana Roo, señaló que ha quedado demostrado que estos fueron invitados para participar en dicho programa y, para ello, la fundación Cinépolis contrató a una clínica que carecía de los permisos, como quedó demostrado luego de la clausura de sus instalaciones por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El abogado Foyo mencionó que pese a que ya se contestaron las demandas –dos de los cinco medios demandados, así como el representante legal de la fundación Cinépolis– aún no han sido localizados tres médicos, así como el propietario de la clínica donde se realizaron las intervenciones quirúrgicas pero que el Juez del caso autorizó que estas notificaciones se lleven a través de un edicto, lo que podría agilizar el juicio. Confió en tener una sentencia de manera pronta.

Sobre la posible responsabilidad civil de la fundación Cinépolis, el abogado dijo que la empresa ha pretendido excusarse con el argumento de que no tiene ninguna responsabilidad civil, ya que ésta no opero. Sin embargo, ha quedado demostrado en el juicio dentro de su objeto social se encuentra la realización de operaciones para mejorar la salud visual, además de que ya se cuentan con el contrato de servicios profesionales, facturas, incluso los elementos que derivan que fue la propia fundación la que entregó los “kits” utilizados para la realizar las cirugías.

Esperamos que este juicio pueda contar con una sentencia pronta, ya que desafortunadamente las víctimas –todos ellos adultos mayores—que tenían la ilusión de recuperar la visión, resultaron afectados por una negligencia médica y, algunos de ellos, a consecuencia de la intervención quirúrgica, se encuentran con un grave deterioro en su salud. “No retrasemos más el acceso a la justicia de estos hombres y mujeres”, expresó.

Por último, el abogado pidió la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto; del titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles; del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar; así como al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; intervenir a favor del grupo de indígenas mayas que conforme pasa el tiempo se deteriora aún más  su salud.

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