Keiko Fujimori irá a prisión por al menos 3 años

Lima, Perú.- El juez Richard Concepción Carhuancho dictó este miércoles 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, tras aceptar la tesis fiscal que le imputa ser la cabeza de una presunta organización criminal en el interior de su partido que lavó un millón de dólares, presuntamente entregados por Odebrecht en 2011.

El juez indicó que existe un alto grado de probabilidad de que se haya cometido el presunto delito de lavado de activo, dispuesto por Fujimori Higuchi, quien habría ordenado la conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia del dinero ilícito, detalla este reportaje del diario El Comercio de Perú.

«Con relación a Keiko Fujimori, este despacho considera que sí existe sospecha grave de que esta persona sería líder de una organización criminal creada de facto al interior de Fuerza Popular para lavar activos provenientes de la empresa Odebrecht», señaló.

El juez indicó también que en calidad de autora, con el asesoramiento de Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa y Carmela Paucará, la hija del ex dictador al parecer dispuso que los representantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya solicitaran activos ilícitos a la empresa Odebrecht, tras lo cual habrían recibido conjuntamente un millón de dólares.

Agregó que el dinero se ingresó a la campaña electoral por intermedio de su entorno. En la región San Martin mediante el congresista Rolando Reátegui y en Lima a través del empresario Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama.

Además, el juez acogió la tesis de que Keiko Fujimori probablemente dispuso que se realicen actos de transferencia del dinero a través de personas allegadas, usando actividades proselitistas como la «Gran Rifa» y una cena.

Así también acogió la presunción de que los primeros US$500 mil entregados por Odebrecht fueron ingresados a la campaña en el año 2010 como «ingresos por actividades proselitistas» y los otros US$500 mil en 2011 como «aportaciones individuales».

«Sobre todos estos elementos de convicción, este despacho considera que la empresa Odebrecht habría hecho la entrega de un millón de dólares a Fuerza 2011, liderado por Keiko Fujimori, con cargo a cuenta de la Caja 2 de la empresa Odebrecht, de lo que se desprende que estos fondos que habrían salido de Odebrecht y terminaron en la campaña de 2011 habrían sido fondos de carácter ilícito”, resumió el juez Concepción Carhuancho.

Elementos corroborados

Para sostener su posición, el juez se respaldó en las declaraciones de diversos colaboradores eficaces, testigos protegidos, así como en las declaraciones de los empresarios brasileños Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Mameri y otros.

Sobre la credibilidad y corroboración de estas declaraciones indicó que documentos hallados en la casa del coinvestigado Vicente Silva Checa, las actas de diligencia fiscal, los chats de «La Botica» revelados, entre otros, demostrarían el poder de la cúpula de la presunta organización criminal.

A esto se suma las declaraciones de los aportantes que han negado la entrega de dinero o los testigos que han reconocido haber prestado sus nombres para la «colocación» de los dineros presuntamente ilícitos.

El juez tomó como elemento de convicción la declaración de María Lidia Gobitz Morales (ex gerente de fiscalización de la ONPE) quien señaló que Fuerza 2011 no detalló los nombres de las personas que adquirieron las «Gran Rifa» y «Cocteles» del partido mediante los que se registraron aportes.

El juzgador también incluyó en su análisis el de los chats de «La Botica», y dice que sin entrar al tema político se demuestra que congresistas iban a buscar medios afines «como los diarios chicha» para atacar al fiscal José Domingo Pérez.

Además, consideró que existe un alto grado de peligro de fuga por parte de Keiko Fujimori, por estar sujeta a una pena muy alta de ser condenada en el futuro, ya que esta consiste en 10 años de prisión, como mínimo, y 13 años como máximo.

A eso se suma, dijo el magistrado, el poder que tendría sobre entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial, a través del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y del fiscal Pedro Chávarry.

«Es decir, un comportamiento de interferencia en el Sistema de Justicia y que podía tener impacto en esta investigación», sostuvo.

Esto indica que se vuelve a poner en evidencia con la declaración del «TP 2017-55-3», de donde se concluye:

«Fuerza Popular quería tener presionado al fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, así como al fiscal César Hinostroza, lo que demostraría que querían cooptar el Sistema de Justicia».

Concepción Carhuancho indicó que los fundamentos de su resolución se plegaron al fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, donde una audiencia de prisión preventiva «se convirtió en un minijuicio».

Keiko Fujimori será conducida en breve al local de Medicina Legal y posteriormente a la carceleta de Palacio de Justicia, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) decida a qué penal será enviada para cumplir la prisión preventiva.

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