La ley fintech presenta retos para su implementación: BID

Ciudad de México. – Aunque la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o ley fintech, promulgada en México en marzo es un ejemplo para los países de América Latina de cómo regular estas plataformas de servicios financieros, ésta todavía tiene retos importantes para su correcta implementación, indicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En su más reciente reporte Fintech en América Latina, el BID señala que uno de los retos que se tendrá que atender en México es referente al vínculo que las fintech tienen que establecer con terceros (o proveedores) para que éstos validen la seguridad de su información, su uso de medios electrónicos y su continuidad operativa.

El BID advierte que debido a que muchos de los proveedores dedicados a validar estos componentes todavía no tienen mucha penetración en México, hay riesgo de que haya un freno en el flujo de operaciones de las plataformas hasta que se cumpla correctamente la validación del proveedor.

“Puede existir dependencia de empresas extranjeras que cumplan con ciertos requisitos técnicos que actualmente todavía no han tenido la suficiente penetración en México”, explica el BID, esto al referirse al tipo de tecnologías empleadas..

“Como consecuencia —añade—, la dependencia de estos terceros podría frenar en exceso el flujo de operaciones de los emprendimientos hasta cumplir con la auditoría del tercero (o proveedor)”, refiere el BID en dicho reporte que elaboró junto con la aceleradora Finnovista.

En el informe se destaca la labor de México para contar con un marco regulatorio que puede servir como referencia en otros países de la región interesados en contar con una legislación similar.

“La ley fintech en México ha sido un ejemplo pionero sobre cómo abordar la regulación de fintech desde una perspectiva holística y con proporcionalidad (…) en el entendido de que su modelo de negocio es diferente al del sector financiero tradicional”, indica.

En el documento se detalla que la ley fintech en México demuestra de que la tecnología financiera puede llegar a ser tan importante y estratégica para un país, que amerita la creación de normativas que incentiven y potencialicen el crecimiento de dicha industria.

Asimismo, ejemplifica que el único camino para crear una legislación así es por medio del diálogo entre gobierno e industria, con el fin de implementar normativas “acertadas y equilibradas en esta materia”.

“El objetivo de la nueva ley se centra en ofrecer una mayor certeza jurídica a través de un marco legislativo para regular las plataformas denominadas instituciones de tecnología financiera (ITF), así como establecer un marco que asegure competencia justa entre los emprendimientos fintech y las instituciones financieras y bancarias tradicionales”, se puede leer en el documento.

El informe destaca: “Los países de América Latina que ofrezcan las mejores garantías para operar a las empresas fintech captarán en los próximos años la mayor parte de los fondos disponibles para ser invertidos en este tipo de negocios”.

El reporte refiere que la ley en México está enfocada en cuatro áreas: las ITF de fondeo colectivo y pago electrónico; los activos virtuales; interfaces de programación aplicadas, y las autorizaciones temporales para innovaciones.

Con la ley se delimitan los requisitos de entrada y licencia de las fintech, los operacionales mínimos, su responsabilidad por la protección al consumidor y la supervisión designada por los reguladores mexicanos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De acuerdo con el reporte, sólo en 18 países de la región se tienen detectados 1,166 plataformas fintech, cuando en la primera edición del reporte, del 2017, se habían identificado 703 en al menos 15 países de América Latina.

“(El reporte es) muestra de la amplitud geográfica que ha adquirido el sector, aunque cinco países concentran 86% del total de la actividad fintech de la región” y añade que Brasil está a la cabeza de dicha lista, con 380 emprendimientos, seguido de México con 273.

 

Con información de El Economista

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