Senadores de la República descalificaron el proceso de las ternas propuestas por el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para ocupar las dos vacantes como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que estuvo viciado de origen pues los integrantes de las ternas no cumplen “en todos los casos los requisitos” a plenitud y por lo tanto son inviables.
Durante la comparecencia de Javier Laynez en el Senado que se lleva a cabo este viernes, la senadora independiente Martha Tagle cuestionó al sustentante pues durante su gestión al frente de la Procuraduría Fiscal de la Federación promovió una reforma fiscal que eliminara la posibilidad a personas contribuyentes de ampararse contra la legislación, restringiendo así un mecanismo de defensa fiscal contra posibles arbitrariedades impositivas por parte de la autoridad federal.
La legisladora subrayó que con esta medida Laynez cerró la puerta específica del amparo fiscal bajo el argumento de que México es el único país que permite el amparo para efectos en leyes individuales generando con esto inequidades. Con lo ahora es más difícil ampararse en esta materia, indicó.
En este sentido el sector empresarial ha subrayado en esta semana de comparecencias de los candidatos a la Corte, que la oposición de Javier Laynez al amparo fiscal genera incertidumbre porque en los último años el gobierno tuvo que devolver al sector empresarial casi 350 mil millones de pesos que había retenido.
La presencia de Laynez como candidato refuerza la idea de que el gobierno federal busca impulsar la no devolución de impuestos.
En su oportunidad el senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, señaló que el presidente manda una terna de personas que son sus empleados o lo han sido por largo tiempo del Ejecutivo, por lo que se trata de activistas cuya actividad será impulsar las reformas de gobierno federal en la Corte, dejando en evidencia la imprudencia presidencial y la falta de independencia de éstos.
Bartlett aseveró que los tres hombres de esta terna están en el mismo caso de carencia de independencia y al servicio del gobierno, pues ninguno viene de la Judicatura.
Al dirigirse a Laynez señaló: “usted tiene unos meses de haber sido nombrado, aquí en el Senado, por cierto, magistrado; pero toda una vida, toda, hasta su primera parte profesional, en el Ejecutivo. Y no solamente en el Ejecutivo, sino en posiciones de decisión.
Por su parte la senadora del Partido del Trabajo (PT), Layda Sansores, destacó que desde que Javier Laynez regresó de estudiar un posgrado en París en 1991, ha trabajado bajo el amparo del poder en las oficinas de la Presidencia como consejero jurídico adjunto durante cuatro sexenios con los presidentes Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña.
Sansores señaló que la carrera de Laynez se ha forjado no en los juzgados, como sería lo deseable para un ministro dela SCJN, sino en las consejerías jurídicas de las Presidencias, por lo que cuestionó que como ministro de la Corte vaya a actuar con independencia sin servir a los intereses de la Presidencia.
Asimismo, puntualizó que en 2011 la Corte Penal Internacional rechazó su candidatura como ministro propuesta por el presidente Calderón en 2011.
Esta Corte internacional calificó a Laynez de no tener la experiencia necesaria ni relevante como juez, fiscal, abogado o alguna otra capacidad similar en procedimientos penales.
Al respecto Laynez dijo que fue un episodio triste pues no hubo unidad de los países de América Latina para impulsar su candidatura. Después los países europeos votaron en bloque ante lo que tras varias rondas de votaciones, Laynez Potisek decidió retirarse de la contienda.
El candidato Javier Laynez se reveló proabortista cuando a la interpelación de la senadora Martha Tagle señaló que respecto a la interrupción del embarazo que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que permite esta práctica, terminó por criminalizar injustamente a las mujeres, ante lo que se puede estar de acuerdo, por lo que se pronunció por reabrir este debate.
“El tema no está cerrado, yo creo este tema tendrá que abrirse, desgraciadamente tendrá que ser con otros amparos, es decir, con nuevas situaciones y estoy seguro que la Suprema Corte abordará este punto de nueva cuenta. Ahorita, el régimen quedó inequitativo, en cuanto a la situación jurídica en el Distrito Federal en relación con otras entidades federativas”.
