México. – Esta semana se discutirá en el Senado la propuesta de Morena para eliminar o acotar el trabajo de los supervisores e inspectores federales con la finalidad de dar pie a la propuesta de Confianza Ciudadana.
El proyecto de dictamen propone la creación de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, cuya aplicación estará a cargo de la Secretaría de Economía, a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. De acuerdo con el documento, la comisión se coordinará “con las dependencias y entidades para suspender las actividades de vigilancia, inspección o verificación”.
El dictamen excluye de esta medida a los supervisores, cuya actividad resguarda la seguridad de la población, protege los intereses del consumir o al sector financiero, un ejemplo de ello son los inspectores del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Lo anterior, toda vez que ya existen diversos ordenamientos y disposiciones de carácter fiscal que contemplan beneficios y facilidades a los contribuyentes”, señala el proyecto.
Esta propuesta de Ley pretende acabar con la corrupción en el trabajo de los inspectores federales, a partir de crear el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, de inscripción voluntaria, donde cada ciudadano y empresa declarará, bajo protesta de decir la verdad, que cumple con todas sus obligaciones.
Desaparecen:
- Inspector de Protección Ambiental
- Médicos veterinarios verificadores en materia zoosanitaria
- Supervisor de Turismo
Se mantienen:
- Inspectores aduanales
- Inspectores del Sistema de Administración Tributaria
- Verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor
Prevén que la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, planteada por el Presidente, se apruebe esta semana en comisiones del Senado.
El Senado tiene lista para aprobar la primera herramienta del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción, que elimina o acota el trabajo de los supervisores e inspectores federales e institucionaliza la confianza ciudadana; sin embargo, no se incluirá al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el cobro de impuestos, como originalmente se planteó.
El proyecto de dictamen, programado para aprobarse esta semana en comisiones, crea la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, para acabar con la corrupción que existe en el trabajo que desarrollan los inspectores federales, a partir de crear el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, de inscripción voluntaria, donde cada ciudadano y empresa declarará, bajo protesta de decir la verdad, que cumple con todas sus obligaciones.
El dictamen aclara, sin embargo, que “se elimina del texto de la ley la referencia a las materias fiscal y aduanera, con el objetivo de que para dichas materias no sean aplicables las disposiciones previstas en la ley que se dictamina y se establece de manera expresa que la ley que se dictamina no es aplicable tratándose de dichas materias.
“Lo anterior, toda vez que ya existen diversos ordenamientos y disposiciones de carácter fiscal que contemplan beneficios y facilidades a los contribuyentes”, dice la exposición de motivos.
De hecho, el primer artículo de la nueva ley, propuesta por Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, dice que “la presente ley es de orden público y de observancia general y tiene como objeto establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de la administración pública federal deberán implementar, de acuerdo con sus atribuciones, para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.
Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía, codictaminadora del tema, aclaró que el dictamen es responsabilidad de la Comisión de Justicia, que preside el morenista Julio Menchaca, y consideró que incluir los temas fiscal y aduanero “hubiera sido suicida; hubiera sido una caída en la recaudación terrible”.
El pasado 1 de noviembre, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta ley como una de las primeras acciones de su gobierno para combatir la corrupción.
La ley será responsabilidad de la Secretaría de Economía, a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la cual “se coordinará con las dependencias y entidades de la administración pública federal para suspender las actividades de vigilancia, inspección o verificación que efectúen personas inspectoras, verificadoras, ejecutoras y cualquier figura análoga adscrita a aquellas; con excepción de las actividades mencionadas que tengan por objeto resguardar la seguridad de la población, constatar que cuenten con medidas de protección civil, las que tengan como fin proteger los intereses del consumir y las relativas al sector financiero”.
Con información de Excélsior.
